En 1934, la aristócrata terrateniente Matilde Diaz Velez fundó en sus tierras la localidad que llamó Guernica, en homenaje a sus orígenes familiares, como la ciudad vasca que tres años después sería bombardeada por la aviación alemana. El horror del ataque fue retratado, pocos meses después, por Pablo Picasso en uno de los cuadros más impresionante y emblemático del siglo XX
En esa localidad del sur bonaerense, cuando las 2.500 familias, más de 10.000 personas, ocuparon s 100 hectáreas en el municipio Presidente Perón, inmediatamente el bombardeo de los medios y de un grupo variopinto de políticos y funcionarios se desató contra quienes, en una acto desesperado, fueron empujados por la dramática necesidad de encontrar una porción de tierra para vivir.
La urbanización de la pobreza
Nadie debería ignorar que la mayoría de las villas y asentamientos populares surgieron de ocupaciones de tierra, este es un proceso histórico de urbanización, llamado, eufemísticamente en términos urbanísticos, como informal, frente a lo que es la ciudad formal basada en las normas que rigen la propiedad del suelo urbano. De este modo, desde sus orígenes, entre ambos procesos urbanizadores se desarrolla una relación tensionada entre lo legal y lo real.
Este mecanismo real de colonización socio espacial está basado en la creciente e irresuelta emergencia habitacional que se da en toda América Latina. Así se forman las villas argentinas, las favelas brasileñas, los ranchos venezolanos, los llamados pueblos jóvenes en Perú, o los cantegriles en Uruguay. Hay 100 millones de personas, el 25 % de la población de América Latina, que viven en estos hábitats precarios. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, habitan en estas condiciones 1.800.000 personas y más de un millón lo hacen en el resto de país.
El porcentaje de población urbana crece irremediablemente día a día en todas las ciudades latinoamericanas, y se concentra principalmente en las metrópolis y megalópolis como Buenos aires, aunque las condiciones de subsistencia en la ciudad sean tan deplorables como las de la vida rural, la posibilidad de que los migrantes y desplazados del campo vuelvan al lugar de donde salieron es cada vez más lejana.
Esta cruda realidad es producida por una sinergia de fenómenos, entre los principales está el proceso migratorio hacia las grandes urbes, como destino forzado para quienes son expulsados por las políticas que favorecen al extractivismo y el agronegocio, que destruyen el medio ambiente y hacen imposible la subsistencia de quienes moran en sus territorios originales ; esta causa se empalma con los cambios operados en los modos y sistemas de reproducción del capital que se vuelven estructuralmente centrifugadores de multitudes que son empujadas hacia una lucha desigual por sobrevivir. En una sociedad laboral y socialmente expulsiva, quienes son sus víctimas son llevados a los límites de una situación límite, la toma de tierras es parte de esa lucha, pues expresa la necesidad de aquellos que no pueden satisfacer su condición primaria de tener un techo para su familia a través del mercado inmobiliario o de políticas sociales del Estado.
Los desconocidos de siempre
La campaña por el desalojo se basa un discurso que no es más que una acumulación de prejuicios, donde el sentido común conservador ha sido formateado por una simplificación mediática cargada de estereotipos, donde se relaciona al más vulnerable con la delincuencia, la vagancia, el parásito social que debemos sostener con nuestros impuestos, y toda una línea argumental más propia de lo que podríamos llamar terraplanismo social. Un relato que construye y diseña el algorismo que ubica a aquellos otros, los que no tienen nombres, ni historia ni futuro, que pasan fácilmente a la categoría de enemigos, contra los que descargar la frustración y el odio de clase y alimentar incluso la división entre los pobres contra los más pobres.
Quienes condenan, son producto de esta sociedad que ha impuesto su cultura neoliberal individualista, que justifican y valoran el privilegio, que admira a “los trabajadores financieros”, a los que juegan en la bolsa, a inversores y especuladores inmobiliarios se apropian de la tierra urbana que generosamente les vende el Estado, estos son los delincuentes del capital, una minoría en una sociedad que idolatra a los multimillonarios, en un mundo de miles de millones pobres. Quienes ahora alzan la voz para defender los méritos de los triunfadores, indignados frente la palabra “meritocracia” ocultan que el término se utiliza de manera crítica para rechazar el principio elitizante de “cada cual tiene lo que se merece” que ignora todas las categorías de análisis sobre la formación de los sujetos sociales.
La ocupación de tierra no es un modelo ideal, es el camino forzado para sobrevivir, porque el techo no es una opción, como no lo es, comer o estar sano, es un imperativo para subsistir. Es un acto desesperado, no es una acción especulativa. Vale escuchar las voces de quienes ocuparon el predio en Guernica para entender el drama de esas familias y desmentir toda la infame campaña que los estigmatiza.
En estos tiempos de pandemia la crisis socioeconómica ha recrudecido golpeando especialmente a los más pobres, no se puede considerar el aumento de las tomas al margen de este cuadro de extrema gravedad, donde la mayoría de estas familias se hallan imposibilitadas incluso de acceder a una vivienda dentro de una villa, ya sea comprando o pagando un alquiler. Es preciso recordar que las tomas son solo el primer paso de un largo y duro proceso, que generalmente es de autoconstrucción, en condiciones de gran precariedad, sin servicios y esperando una urbanización que casi nunca llega.
El suelo urbano, bien común o mercancía.
La Declaración de Vancouver sobre Asentamientos Humanos de la ONU de 1976 señaló: “Que ante el aumento de la población… el desarrollo económico desequilibrado… La rápida urbanización improvisada… La dispersión rural… Unas condiciones sociales, ecológicas y ambientales ejemplificadas por la segregación social, la ruptura de las relaciones sociales y de los valores culturales tradicionales y el aumento de la degradación de los recursos necesarios para la vida en el aire, el agua y la tierra ….. la vivienda y los servicios adecuados constituyen un derecho humano básico, y que los gobiernos están obligados a dársela a todos sus habitantes en particular a a las clases más desposeídas. Estos principios fueron ratificados por conferencias y diversos eventos internacionales posteriores. De una lógica irreprochable, pasadas más de cuatro décadas, estos mandatos no sólo no se pudieron cumplir, sino que el déficit habitacional ha crecido exponencialmente desde esa fecha.
La causa tiene múltiples factores, pero en la raíz está la propiedad del suelo. El suelo que es apropiado por el mercado deja de ser un bien común destinado al uso para transformarse en una mercancía, pero no es cualquier tipo de mercancía, pues no es producida por el trabajo, tampoco es reproducible y por tanto es un bien limitado. Por otra parte, como resulta obvio, hablar de vivienda y hábitat supone asumir que estas se desarrollan sobre un terreno, por eso se las denomina bienes raíces. Entonces no hay vivienda sin terreno, y si bien estos no tienen valor pues como señale no son producto del trabajo, si tienen precio, y el precio lo pone el mercado. Entonces surge el conflicto entre el deber ser de dar vivienda y la realidad, y la realidad es que miles de familias no pueden pagar un precio que es básicamente especulativo, porque en él están contenidas las rentas, absolutas y diferenciales, generadas socialmente e incrementadas por la inversión pública. Esta es la esencia de este conflicto social, es el nudo que encubre la charlatanería mediática y la impostada ofuscación de los políticos mediocres.
Toda la historia confirma que la propiedad privada del suelo ha sido y es una de las principales fuentes de acumulación y concentración de la riqueza y por ende es una de las causas de la desigualdad e injusticia social.
La mayor parte de los asentamientos populares se materializan a través de ocupaciones de los terrenos que en un principio no revisten interés para el mercado y en muchos casos se asientan sobre espacios peligrosos para la vida. El conflicto se explicita cuando la expansión de la ciudad aumenta el interés y el precio sobre algunos de estos predios. La colisión se produce entonces, entre el derecho constitucional a la vivienda digna y la defensa cerril de la propiedad privada del suelo.
El Estado, aunque se diga lo contrario, no es el mediador que garantiza el derecho de los más débiles, es parte del problema, pues ha sido y es, mas aún durante los últimos gobiernos, el principal proveedor de tierra pública para el mercado inmobiliario a través de la privatización dirigida de los mejores predios del AMBA y especialmente de la CABA, mientras que la utilización de terrenos para vivienda social se ha ido reduciendo sistemáticamente.
El Estado le entrega tierras a millonarios que utilizan el suelo para obtener renta, Puerto Madero es el ejemplo más significativo, 130 hectáreas en la mejor ubicación de la ciudad fueron privatizadas para el negocio especulativo de un grupo concentrado de inversores y operadores inmobiliarios amigos del poder político. Un negocio fabuloso, donde solo con el turbio cambio de zonificación de los lotes, que se produjo después de aprobado el proyecto y sin cumplir requisitos legales, le permitió incrementar la superficie constructiva para hacer torres de hasta cincuenta pisos, con lo cual los lotes adquiridos multiplicaron por diez el precio de compra. Así se hizo este barrio para una elite de empresarios y dirigentes políticos, que blanqueó dinero adquiriendo departamentos de alta gama. Toda una operatoria, nada legal por cierto, de la cual la justicia no se hizo cargo, es presentada como modelo ejemplar de urbanización.
Desalojo, el recurso del método
Para quienes ocupan terrenos para darle un valor de uso esencial, que es la tierra para vivir, el trato es ponerlos en la vereda de usurpadores ilegales y sus reclamos se vuelven judiciables. Cuando en la CABA, en diciembre de 2010, se ocupó el Parque Indoamericano como reclamo frente el incumplimiento de la norma aprobada que establecía la entrega de viviendas y urbanización de las villas, la respuesta fue la represión y el procesamiento penal de los referentes sociales. La práctica del desalojo compulsivo de las tomas para las familias desamparadas, las condena inevitablemente a ser eternas parias urbanas.
En estos días además de la condena explícita, se escuchan voces aparentemente más reflexivas “Entendemos la demanda, pero este no es el método”. Lamentablemente es el único método cuando no hay respuestas, es la manera en que los invisibles se hacen visibles y hacen públicas su demanda de justicia social, es el método cuando “los nadie” se hacen presentes y su grito trasciende. El problema se agrava, cuando el Estado ausente se hace presente como disciplinador en modo castigo, para actuar punitivamente policial y judicialmente.
El desalojo fue ordenado por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal, que ratificó el fallo del juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo. La resolución contempla que “se podrá recurrir al auxilio de la fuerza pública”, que el procedimiento se deberá realizar “con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio”, pero también establece que se recurrirá “al uso de la fuerza en caso de que resulte indispensable y en la menor medida posible”.
La administración bonaerense de Axel Kicillof, señaló que van a garantizar que el desalojo se realice en forma pacífica, mientras buscan alternativas para reubicar a las familias en terrenos fiscales. Mientras tanto la intendenta justicialista de Presidente Perón, Blanca Cantero, expresó que “la usurpación de tierras en Guernica está impulsada por movimientos sociales o partidos políticos de izquierda” y rechazó la idea de buscar terrenos fiscales de su comuna para trasladar a las familias que están asentadas allí y que deben ser desalojadas por la orden judicial. Como señala Maria Craviño “desalojar es una forma de correr el problema sin solucionar nada, porque lo que le queda al desalojado es irse a ocupar otro lugar o vivir en la calle”
“No avalamos la toma de tierras, no creemos que sea el camino”, dijo la ministra María Eugenia Bielsa haciéndose eco de las vociferantes quejas y reclamos punitivos de la oposición, “es una decisión de la justicia”, y agregó ignorando el carácter genuino del reclamo, con el mismo estilo de los medios hegemónicos “en algunos casos hay aprovechamiento de algunas mafias que terminan vendiendo los terrenos donde se hacen las tomas”. Las mafias son las que muchas veces inventan propietarios de último momento para justificar el desalojo y quedarse con las tierras.
Basta escuchar los relatos angustiosos de quienes ocuparon tierra en Guernica para desmentir cualquiera de las infames manipulaciones mediáticas que se difundieron para crear las condiciones para su desalojo.
El ministro Berni declaró: “Seguimos firmes… la usurpación de terrenos es un delito” y agregó: “ Esto no es una cuestión de ponerse de acuerdo, el derecho a la propiedad privada es inviolable”. Acompañó sus declaraciones con un video difundido por varios medios donde expone que en lo que va del 2020 desalojaron 868 tomas de terrenos y fueron presas 524 personas. Su ataque a las organizaciones de DDHH no es un fallido. Parafraseando a Silvio Rodriguez, Berni y Bullrich no son lo mismo, pero actúan igual, con metodologías que recuerdan al intendente de la dictadura el nefasto Brigadier Osvaldo Cacciatore.
Sería bueno que este gobierno, que se asume peronista, recuerde que: “donde hay una necesidad nace un derecho”, como se sabe es una frase de Eva Perón.
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Silvio Schachter es arquitecto y urbanista, miembro del Consejo de redacción de Herramienta, co-autor del libro “Tiempos violentos”.
Artículo publicado originalmente en Herramienta.
