“El uso de los humedales para la cría de ganado, para el cultivo de transgénicos como la soja y para la expansión de urbanizaciones exclusivas ponen en riesgo su conservación y restauración”, afirma el trabajo de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, del Conicet y del Foro Ecologista de Paraná. Realizado por una decena de académicos, concluyen que es evidente la necesidad de una ley que proteja a los humedales.
“Efectos de los incendios 2020 en el suelo y biota de humedales del río Paraná: Perspectivas de restauración ecológica”. , es el título de la investigación, que tuvo como objetivo evaluar las consecuencias que las quemas dejaron sobre el suelo, la vegetación y la fauna en los humedales del litoral del país.
El informe revela que 83 especies de plantas y tetrápodos (animales vertebrados con cuatro extremidades, ambulatorias o manipulatorias, como los anfibios) fueron afectados por el fuego de forma directa. En las islas se hallaron nidos quemados o abandonados por el riesgo que ocasionaron las llamas. En cuanto a la flora, las especies que resultaron más afectadas fueron el ceibo y el timbó blanco. Entre las especies animales, las más perjudicadas fueron el anfibio conocido como “sapito de jardín”, la tortuga de arroyo, el tero y el carpincho.
De los datos obtenidos se evidencia que en el 70 por ciento de los humedales analizados no se registró revegetación y que ciertas aves pudieron adaptarse a las condiciones que generan los incendios intencionales en los humedales del río Paraná.
Los incendios afectaron principalmente los albardones, que son lomas o elevaciones situadas en bajos y anegadizos, las media-lomas, las depresiones, lagunas internas y barrancas. La intensidad y tiempo de las quemas fue de tal magnitud que la profundidad del suelo quemado varió entre los 2 y 12 centímetros, y la altura de las llamas superó los cuatro metros.
El trabajo fue desarrollado por Paola Peltzer, Rafael Lajmanovich, Ana Cuzziol Boccioni, Rodrigo Lorenzón, Andrés Bortoluzzi, Maximiliano Attademo, Agustín Bassó, Natalia Peña, Evelina León y Silvia Seib. Se realizó entre julio y septiembre del año 2020 sobre 17 humedales distribuidos en áreas de influencia del río Paraná Medio. Allí analizaron tipos de unidades ambientales afectadas por el fuego medidas en porcentajes, grados de profundidad del suelo quemado, intensidad de las llamas y cuánto afectó (y afecta aún) a especies vegetales y animales. Las labores de recolección de datos se hicieron con los pobladores, en lanchas y canoas pertenecientes a los lugareños y sin apoyo financiero o estructural del Estado.
La investigación fue presentada por uno de sus investigadores, el biólogo Rafael Lajmanovich, en el II Encuentro Nacional de Restauración Ecológica en Argentina, realizado en Córdoba los días 11, 12 y 13 de noviembre pasado. Ahora se espera que el estudio llegue a funcionarios públicos, a diputados y a senadores que siguen sin sancionar una ley de humedales.
Estos ecosistemas, que representan un 21 por ciento del territorio del país son permanentemente acosados por incendios intencionales. El 95 por ciento de las quemas son producidas por la acción humana, según reconoce el propio Estado en sus informes diarios sobre manejo del fuego. Diversas organizaciones bregan por una norma de presupuestos mínimos que defienda esos territorios. Las iniciativas parlamentarias presentadas en 2020 perderán estado parlamentario en marzo de 2022, si el presidente Alberto Fernández no las incluye en el temario de las sesiones extraordinarias.
Los incendios en el río Paraná: una forma de ecocidio
En abril de 2017, un tribunal conformado por cinco prestigiosos jueces de diferentes países -entre ellos, la argentina Eleonora Lamm, subdirectora de derechos humanos de la Suprema Corte de Mendoza- analizó el testimonio de más de 30 personas en torno al uso de los productos de Bayer-Monsanto. Se trató de un juicio popular llevado a cabo en La Haya y, aunque la compañía multinacional decidió no presentarse, fue hallada culpable de los delitos de ecocidio, de crímenes de guerra, de violaciones de los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, a la salud y a la alimentación, y de quebrantar la libertad científica. Si bien el fallo fue simbólico, su relevancia radicó en que por primera vez se utilizó la figura de ecocidio como tipo penal.
El término fue empleado por primera vez en 1970 por el biólogo Arthur Galston, en relación al uso del llamado agente naranja en la Guerra de Vietnam. La conclusión de los jueces en 2017 fue contundente: «Si el delito de ecocidio se reconociera en el derecho penal internacional, las actividades de Monsanto posiblemente constituirían un delito de ecocidio en la medida en que causan daños sustanciosos y duraderos a la diversidad biológica y los ecosistemas, y afectan a la vida y la salud de las poblaciones humanas».
Cuatro años después, asambleas socioambientales y activistas en todo el país afirman que las quemas de humedales son una forma de ecocidio. Ocurren en las sierras de Córdoba; en las llanuras de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa y en las montañas de la Patagonia. El humo crece y el Congreso de la Nación mira para otro lado.
Artículo difundido por la agencia de noticias Tierra Viva.
Foto: Matías Barutta
