El edil del Partido Socialista denunció que el Ejecutivo Municipal restringió su acceso al sistema UNIRE, herramienta que utilizaba para controlar en tiempo real los movimientos administrativos, contables y financieros de la gestión. Tras agotar la vía administrativa municipal, presentó un reclamo por conflicto interorgánico ante la Fiscalía de Estado de Santa Fe y ahora busca que el Concejo Municipal acompañe su planteo.
El concejal Francisco Bracalenti (PS-Unidos), de Villa Constitución, llevó a la órbita provincial el conflicto que mantiene con el Departamento Ejecutivo Municipal por la restricción de sus permisos de acceso al sistema informático UNIRE, desde donde los ediles pueden consultar información vinculada con la gestión municipal.
En diálogo con Radio X (FM 90.3 / Cadena Regional), Bracalenti explicó que el reclamo comenzó en febrero, cuando advirtió que el acceso que tenía desde diciembre de 2023 a distintos módulos del sistema había sido restringido. Según relató, se trataba de una herramienta que utilizaba habitualmente para ejercer una de las funciones centrales del Concejo Municipal: el control de la administración del Ejecutivo.
“De un momento a otro, el intendente resuelve cortarnos esos permisos”, señaló el edil, quien indicó que inicialmente realizó consultas informales ante distintas áreas municipales. En un primer momento, la explicación recibida fue que la restricción obedecía a una actualización del software y que se trabajaba para restablecer los accesos.
Con el paso del tiempo, y ante la falta de una solución, Bracalenti comenzó a realizar planteos formales. Según explicó, las respuestas posteriores hicieron referencia a la necesidad de resguardar información considerada “sensible”.
Qué información quedó restringida
El concejal detalló que entre la información a la que accedía mediante UNIRE se encontraban los requerimientos de compras y contrataciones, las contrataciones propiamente dichas, las certificaciones de recepción de bienes y servicios, los avances de obras y las órdenes de pago, además de información vinculada con la contabilidad municipal.
Para Bracalenti, contar con esa información en tiempo real resulta indispensable para que los concejales puedan ejercer la tarea de fiscalización de la gestión.
En ese sentido, sostuvo que la restricción no afecta solamente su actividad individual como edil, sino las facultades propias del Concejo Municipal como órgano de control.
El planteo se encuentra respaldado por la Ordenanza Municipal Nº 5437, que establece el acceso de los concejales a la información contenida en el sistema UNIRE, además de las normas provinciales y nacionales vinculadas con el acceso a la información pública.
Un reclamo que llegó a Fiscalía de Estado
Luego de agotar las instancias administrativas ante el propio Municipio, Bracalenti presentó el 5 de agosto un “Reclamo por Conflicto Interorgánico ante la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe”, bajo el mecanismo previsto por la Ley Provincial Nº 7.893.
El concejal explicó que se trata de una vía prevista para resolver conflictos que se producen dentro de organismos o entidades públicas y que, en este caso, presenta una particularidad: tanto el Intendente como el Concejo Municipal forman parte de la misma persona jurídica, la Municipalidad.
“Hay hasta un inconveniente de legitimación a la hora de reclamar, porque en algún punto el propio municipio se está autodemandando”, explicó Bracalenti. Por ese motivo, sostuvo que encuadró su presentación como un conflicto interorgánico entre dos órganos de la administración municipal.
Lo que solicita a la Fiscalía de Estado es que dictamine a su favor y requiera al intendente Jorge Berti que restituya los permisos de acceso que, según sostiene, le corresponden en función de sus atribuciones como concejal.
El expediente ya fue asignado y, de acuerdo con lo informado por Bracalenti, la Fiscalía de Estado dio intervención a la Secretaría de Municipios y Comunas de la provincia, donde actualmente continúa el trámite.
“No es una pelea personal”
Bracalenti rechazó que el planteo tenga un carácter personal y remarcó que lo que está en discusión son las facultades de control que corresponden al conjunto del Concejo Municipal.
“En mi pelea, que no es personal, sino que tiene que ver con mi función de concejal, estoy de alguna manera peleando por las facultades que le corresponden al cuerpo”, sostuvo.
En ese marco, adelantó que impulsará una resolución para que el Concejo Municipal adhiera al reclamo presentado ante la Fiscalía de Estado. El objetivo es que el órgano legislativo local acompañe institucionalmente el planteo y remita esa resolución a la Provincia.
El concejal también afirmó que, en la práctica cotidiana, observa diferencias en el acceso a la información entre los integrantes del cuerpo. Según señaló, algunos ediles mantienen acceso a información que él ya no puede consultar desde febrero. Atribuyó esa situación a las distintas vinculaciones político-partidarias con el Departamento Ejecutivo, aunque reconoció que desde el Municipio se niega que exista un trato diferenciado.
El argumento de la “información sensible”
Uno de los principales puntos de controversia está relacionado con el argumento utilizado por el Ejecutivo para justificar la restricción.
Bracalenti recordó el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculado con el acuerdo entre YPF y Chevron, a partir de una acción impulsada por el entonces senador Rubén Giustiniani. Según explicó, ese antecedente consolidó el criterio de que las restricciones al acceso a información de naturaleza pública deben estar debidamente fundamentadas y no pueden sustentarse únicamente en argumentos genéricos.
“En las respuestas formales que me van dando a los reclamos que presenté en el municipio, hay argumentos genéricos de una presunta información sensible, pero que no se menciona en concreto”, cuestionó.
Además, sostuvo que mientras contó con las credenciales de acceso asumía la responsabilidad por el uso de la información a la que accedía, por lo que consideró que esa misma responsabilidad debería continuar siendo aplicable al ejercicio de su función.
Un antecedente poco habitual
El propio concejal reconoció que la vía elegida ante la Fiscalía de Estado no es habitual para un conflicto de estas características. Explicó que ese mecanismo suele utilizarse en controversias entre distintos organismos o administraciones públicas, muchas veces vinculadas con cuestiones económicas o patrimoniales.
En este caso, en cambio, se trata de una disputa dentro de la propia Municipalidad y vinculada con el ejercicio de facultades institucionales de un concejal.
Mientras espera una definición de la Fiscalía de Estado, Bracalenti busca que el reclamo deje de ser una presentación individual y se transforme en un planteo institucional del Concejo Municipal.
