Laura Colle contestó un pedido de informes del bloque La Libertad Avanza que solicitaba explicaciones sobre gastos, personal y cantidad de situaciones atendidas. El documento sostiene que el área cumple funciones de prevención y acompañamiento que no se pueden reducir a una cuenta matemática. También advierte que eliminar su estructura afectaría la atención.
La Dirección de Género e Igualdad de la Municipalidad de Villa Constitución respondió a un pedido de informes del Concejo Municipal y dejó una idea central: el trabajo del área no puede evaluarse dividiendo el presupuesto por la cantidad de casos atendidos.
La solicitud había sido presentada por el bloque La Libertad Avanza mediante la Minuta de Comunicación N° 3001, aprobada el 26 de agosto pasado. En ese documento, los concejales pidieron detalles sobre el gasto ejecutado en 2024 y 2025, la planta de personal, el origen de los fondos con afectación específica, el costo de los botones de emergencia, las variaciones de la demanda entre 2020 y 2025, los criterios usados para armar el presupuesto 2026 y la posibilidad de integrar el área dentro de otra secretaría para reducir gastos.
La respuesta llegó a través del Expediente 20461/26, firmado por la directora de Género e Igualdad, Laura Colle. El informe tiene 35 páginas y responde punto por punto, pero también plantea una discusión más de fondo sobre cómo se debe medir una política pública de género.
Los números del área
Según el Presupuesto 2026, el Programa Género e Igualdad tiene asignados 405.212.000 pesos, equivalentes al 0,75% del total de erogaciones de la Administración Municipal. Ese monto se reparte en cuatro actividades: Dirección, Coordinación y Administración General (102.624.000 pesos, el 25,3%), Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género (217.603.000, el 53,7%), Promoción y Difusión de Derechos (37.570.000, el 9,3%) y Punto Violeta (47.415.000, el 11,7%).
El informe también detalla que, dentro del gasto en personal, cerca del 60% se destina a la atención de las violencias y un 33% a administración. La Dirección sostiene que esa distribución muestra que la mayor parte de los recursos humanos no va a estructura administrativa, sino a la prestación directa del servicio.
La discusión sobre los casos
Uno de los puntos que más desarrolla el informe es la relación entre presupuesto y cantidad de situaciones atendidas. La minuta del Concejo había tomado los datos del informe semestral de la Dirección —159 ingresos por consulta, 496 situaciones activas al 30 de junio de 2026 y 134 cierres de intervención— y los había comparado con los 52.602 habitantes de Villa Constitución según el Censo 2022.
La Dirección responde que ese cálculo no es válido. Explica que las situaciones activas no equivalen a personas ni a hechos únicos, que no toda la violencia que existe en la ciudad llega al servicio y que la población destinataria no es el total de los habitantes, sino mujeres mayores de 18 años y, a través de otros dispositivos, un alcance territorial más amplio.
“El porcentaje que podría obtenerse no permite concluir que la violencia de género alcance solo a ese porcentaje de la población, ni puede usarse para determinar si el presupuesto es suficiente o insuficiente”, señala el informe. Y agrega que una situación de violencia impacta sobre todo el grupo familiar, especialmente cuando hay hijos e hijas a cargo.
Prevención, acompañamiento y autonomía
El informe también explica que el área no trabaja solo cuando una mujer llega a denunciar o pedir ayuda. Describe tres niveles de prevención: la primaria, que busca evitar que la violencia ocurra (campañas, talleres, Ley Micaela, educación sexual integral); la secundaria, que apunta a detectar y abordar situaciones de riesgo; y la terciaria, que acompaña las consecuencias de hechos ya ocurridos.
En ese marco, menciona que Punto Violeta comenzó a funcionar en marzo de 2023, después de la sanción de la Ordenanza 4.946/2020 que regula los informes estadísticos. Según el informe, ese dispositivo tiene funciones que no están reflejadas en las variables que exige esa ordenanza. Solo en 2026, alrededor de 490 mujeres pasaron por el espacio en distintos abordajes, además de las acompañadas por situaciones de violencia.
La Dirección aclara que los universos de Punto Violeta y del sistema de atención de violencias son distintos y no deben sumarse ni compararse. También remarca que las capacitaciones laborales, la formación en oficios y el fortalecimiento de emprendimientos forman parte de la estrategia para que las mujeres puedan salir de situaciones de violencia.
La evolución de la demanda
Sobre las variaciones entre 2020 y 2025, el informe reconoce una caída pronunciada en 2023: los ingresos pasaron de 317 en 2022 a 131 en 2023, una reducción del 58,7%. Las situaciones activas cayeron de 391 a 270, un 30,9%. Pero aclara que esa baja no puede interpretarse automáticamente como una disminución de la violencia.
“Los registros reflejan la demanda que llega al dispositivo y pueden verse afectados por muchos factores: conocimiento del servicio, confianza en la institución, accesibilidad, derivaciones de otros organismos, cambios en los circuitos de registro”, explica. Y agrega que la caída de 2023 no se consolidó como tendencia: en 2024 y sobre todo en 2025 la demanda volvió a crecer. Entre 2024 y 2025 los ingresos subieron un 52,7% y las situaciones activas un 88,3%.
El informe señala que esos datos fueron considerados al armar el presupuesto 2026, junto con la carga de situaciones que siguen activas, las obligaciones legales del municipio y la necesidad de sostener equipos profesionales.
Sobre la posibilidad de mudar el área
Uno de los pedidos del Concejo era evaluar si la Dirección podría integrarse dentro de otra secretaría para reducir gastos de administración y coordinación. La respuesta es cautelosa: el informe reconoce que la organización administrativa es una facultad de la autoridad municipal, pero advierte que cualquier cambio debe garantizar que no disminuya la capacidad de prevención, atención y protección.
“No se trata solo de mover cargos en un organigrama”, dice el texto. Y enumera una serie de condiciones que deberían verificarse antes: que la estructura receptora tenga equipos especializados, que se mantenga la confidencialidad, que continúe la evaluación de riesgo, que se sostengan los botones de emergencia, que sigan funcionando los circuitos con la Justicia y la Provincia, y que no se pierda la continuidad de las situaciones ya iniciadas.
El informe también cuestiona la idea de que integrar el área genere un ahorro equivalente a lo que cuesta su estructura. “Las funciones que hoy se realizan deberán seguir siendo realizadas por alguna unidad estatal, con recursos humanos, coordinación, administración e infraestructura suficientes”, plantea.
Los fondos provinciales y los botones
Respecto de los recursos con afectación específica, el informe detalla que existen tres convenios vigentes con la Provincia de Santa Fe: Fortalecimiento del área local de igualdad, género y diversidad (28.520.000 pesos), Fortalecimiento de Punto Violeta (12.400.000) y Fortalecimiento institucional del Espacio de Atención a Varones (10.000.000). No hay convenios con el Estado Nacional.
Sobre los botones de emergencia, aclara que el dispositivo lo financia el Ministerio de Seguridad de la Provincia, pero que la intervención municipal incluye la evaluación técnica, la solicitud, la asignación, la capacitación, el seguimiento y el monitoreo. Los traslados por asignación, roturas o reposición corren por cuenta del Municipio.
En las conclusiones, la Dirección sostiene que el control del Concejo es legítimo y necesario, pero que debe hacerse con indicadores adecuados a la naturaleza de la política pública. “La evaluación de los recursos destinados a la prevención y abordaje de las violencias por razones de género no puede reducirse a una relación matemática entre presupuesto y situaciones registradas”, afirma.
Y cierra: “La estructura institucional no constituye un fin en sí mismo. Es el instrumento mediante el cual el Municipio organiza y sostiene la capacidad de respuesta que la ley le demanda. Cualquier modificación estructural deberá subordinarse a la garantía efectiva de los derechos y a la preservación de las capacidades institucionales necesarias para hacerlos efectivos”.
