La disolución de la Andis y el congelamiento de aranceles profundizaron la crisis del sector en Santa Fe. Transportistas e instituciones advierten que ya no pueden sostener servicios básicos.
La situación del sector de la discapacidad atraviesa uno de sus momentos más críticos en todo el país. La combinación de aranceles congelados, aumento sostenido de costos y la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) encendió las alarmas entre transportistas, instituciones y familias, que advierten por la interrupción de prestaciones esenciales y la imposibilidad de sostener los servicios.
Uno de los puntos más sensibles es el transporte especial. Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (Atraes), aseguró que la cantidad de vehículos habilitados se redujo a la mitad desde diciembre de 2023. “Hay familias desesperadas que no encuentran transporte para trasladar a sus hijos”, afirmó, al describir un escenario de colapso por falta de rentabilidad.
Según explicó, durante más de dos décadas el valor que se abonaba por kilómetro representaba cerca del 80% del costo del litro de gasoil. Hoy, ese arancel ronda los 733 pesos, mientras que el combustible se acerca a los 1.900. “Con estos números es imposible sostener el servicio. Los costos aumentan y los ingresos quedan congelados”, señaló en declaraciones al diario rosarino La Capital.
Bolego fue contundente al referirse al impacto de las decisiones del gobierno nacional. “Hemos perdido toda esperanza con este gobierno, incluso colegas que le confiaron su voto al presidente Milei”, expresó, y cuestionó también la falta de definiciones del Ministerio de Salud. Para el dirigente, el cierre de la Andis y su traspaso al área sanitaria implica “un cambio de paradigma profundo”, que reduce la discapacidad a una mirada estrictamente médica y deja de lado su dimensión social.
La crisis no se limita al transporte. Desde las instituciones que trabajan con personas con discapacidad advierten que la situación se agrava día a día. Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis), sostuvo que tras la disolución de la Andis “la situación empeoró” y que el sector ya no tiene margen para esperar.
“Dicen que necesitan tiempo, pero las instituciones, los prestadores y las personas con discapacidad ya no tienen ese tiempo. Las prestaciones se dejaron de brindar y los problemas se van a ir incrementando”, alertó.
Chapero explicó que muchas entidades no cobraron prestaciones correspondientes a diciembre, no por falta de presupuesto sino por trabas administrativas y falta de personal tras la reestructuración del organismo. A esto se suman pagos atrasados, la falta de recomposición de pensiones y las crecientes dificultades para acceder al sistema de prestaciones.
Incertidumbre y proyecciones hacia 2026
Si bien el Gobierno nacional presentó un escrito ante la Justicia Federal de Campana comprometiéndose a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad —que había sido vetada por el presidente—, las organizaciones desconfían de los tiempos y de la voluntad real de cumplirla. El juez Adrián González Charvay ya intimó al Ejecutivo a asignar los fondos necesarios, bajo apercibimiento de sanciones, aunque Nación solicitó más tiempo para hacerlo efectivo.
Mientras tanto, el impacto se siente en los hogares. “Hay personas que buscan prestadores y no los encuentran, otras que se quedan sin obra social y se quedan directamente sin acceso a terapias”, describió Chapero.
Desde el sector coinciden en que, de no revertirse el rumbo, el 2026 aparece como un horizonte cargado de incertidumbre. Con costos en alza, servicios que dejan de prestarse y un Estado que no da respuestas claras, la emergencia en discapacidad ya no es una advertencia: es una realidad que golpea de lleno a miles de familias.
