El juicio oral por delitos de lesa humanidad en la denominada Causa «Villazo», que investiga la represión contra trabajadores de Villa Constitución a partir del 20 de marzo de 1975, atraviesa su etapa decisiva. Tras la finalización de los alegatos de las distintas partes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario se encamina a dictar sentencia en los próximos días.
La causa analiza el rol que desempeñaron 18 acusados, entre ellos dos exdirectivos de la empresa Acindar, en secuestros, torturas y asesinatos de obreros y delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
En los alegatos, la Fiscalía y los organismos querellantes expusieron pruebas que atribuyen a la compañía una participación activa en la represión. Según lo señalado, Acindar habría facilitado información sobre sus empleados a las fuerzas de seguridad, además de poner a disposición infraestructura de la planta, vehículos y dependencias que funcionaron como centro clandestino de detención.
Las acusaciones más graves recaen sobre Roberto José Pellegrini, exjefe de Personal, y Ricardo Oscar Torralvo, directivo de la empresa, para quienes se solicitaron penas de prisión perpetua. Se los considera partícipes necesarios en el secuestro de 37 trabajadores y en el asesinato de ocho de ellos. Para los restantes 16 imputados, en su mayoría expolicías, la Fiscalía y las querellas pidieron condenas que van desde los 10 hasta los 25 años de prisión.
Durante el proceso, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la UOM coincidieron en remarcar que la responsabilidad empresarial no se limitó a una connivencia pasiva, sino que incluyó acciones concretas que contribuyeron a la persecución y asesinato de delegados sindicales.
El juicio, iniciado en 2023, se inscribe en el marco de las causas por crímenes de lesa humanidad que se desarrollan en distintos puntos del país. En este caso, además de buscar justicia para las víctimas de la represión en Villa Constitución, el proceso pone en el centro del debate el papel que jugaron empresas privadas en el esquema represivo de la dictadura, un aspecto considerado fundamental para dimensionar la magnitud de los delitos cometidos en ese período.
Cabe recordar que, al momento del operativo paramilitar Serpiente Roja del Paraná, el presidente del directorio de Acindar era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego fue Ministro de Economía de la dictadura e impulsó políticas que favorecieron a la compañía dentro del proceso de concentración de la industria siderúrgica.
Ahora, con la etapa de alegatos concluida, el Tribunal deberá definir las responsabilidades penales de los acusados. La sentencia será el cierre de un proceso histórico que coloca a Villa Constitución y a la causa de sus trabajadores en el centro de la memoria, la verdad y la justicia.
