El sindicato de empleados judiciales de Santa Fe lanzó un nuevo paro de actividades en el Poder Judicial como forma de reclamo al Gobierno provincial para que concrete la firma de los decretos de titularizaciones de ingresos y ascensos.
La medida generó el rechazo de parte de los colegios de abogados de la provincia, quienes pidieron a la Corte Suprema de Santa Fe que intervenga para que no se paralice la jornada laboral porque afecta la actividad profesional.
El primer paro, inédito en su momento, fue el 10 de octubre para reclamar el pago de los retroactivos adeudados y las titularizaciones mencionadas. Luego se concretaron dos medidas de fuerza consecutivas sin asistencia a los lugares de trabajo el 31 de octubre y también el 6 de noviembre, pese a que el gobierno había cancelado los retroactivos en los días previos.
El sindicato sostiene que si bien se había resuelto la mitad del conflicto “falta la otra mitad que es la firma de los decretos de ascensos e ingresos que deberían haber estado en octubre de 2023”. Para ese proceso el gobierno avisó que se tomará un tiempo de análisis y revisión.
Sin embargo, la cuestión parece haberse tensado más de la cuenta. El proceso de lucha sindical perdió algo de respaldo interno entre empleados que no esperan titularizaciones y que ya bajaron la guardia tras el pago de los retroactivos. Pero, además, la medida sindical recibió la crítica de la Federación de Colegios de la Abogacía de la provincia de Santa Fe (FECASFE).
“Exigimos se priorice el bien común: basta de medidas de fuerza que lo afectan. Advertimos los graves perjuicios que genera la paralización de actividades en el Poder Judicial como la privación de acceso a la justicia para la ciudadanía santafesina, lo que implica quebrantar la convivencia social”. La nota fue dirigida a la Corte Suprema, la segunda consecutiva, y, según cuentan en el ambiente tribunalicio, la situación empieza a tomar otra consideración.
En rigor, cuestionan que el paro implica nuevamente aplazar audiencias, suspender los plazos procesales, cargar con mayores gastos a la gente (que ya con sus impuestos sostiene el sistema público y financia los salarios), imposibilitar el ingreso y la continuidad de los diversos procesos que buscan el reconocimiento de derechos.
El comunicado
EL PARO RESULTA ABSOLUTAMENTE DESPROPORCIONADO Y AFECTA GRAVEMENTE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA
Advertimos los graves perjuicios que genera la paralización de actividades en el Poder Judicial.
Asistimos, nuevamente, a la privación de acceso a la justicia para la ciudadanía santafesina, lo que implica quebrantar la convivencia social.
En efecto, aplazar nuevamente audiencias, suspender los plazos procesales, cargar con mayores gastos a la gente (que ya con sus impuestos sostiene el sistema público y financia los salarios), imposibilitar el ingreso y la continuidad de los diversos procesos que buscan el reconocimiento de derechos, se erigen como graves consecuencias que excluyen a la justicia como servicio esencial para convertirse en una mera tarea más.
El Poder Ejecutivo ha firmado una gran cantidad de los decretos objeto del reclamo del Sindicato y se ha comprometido a seguir haciéndolo. Hoy más que nunca el paro resulta ABSOLUTAMENTE DESPROPORCIONADO, y de dudosa legalidad.
Exigimos se priorice el bien común y se evite adoptar medidas que perjudican a la sociedad.
Exhortamos a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que se abstenga de suspender los plazos procesales, se garantice la realización de las audiencias fijadas y la continuidad de dictado de resoluciones, providencias y demás actos jurisdiccionales. Con idéntico énfasis, requerimos al Poder Ejecutivo provincial la urgente cobertura de vacantes y la firma de decretos que permitan una justicia santafesina de calidad.
FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE LA ABOGACÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
