La inseguridad nos atraviesa a todos de manera creciente. Cualquiera de nosotros o fue víctima directa o tiene algún familiar o ser cercano que padeció un robo, sino varios, en su casa o en la vía pública. Y eso no sólo deja las consecuencias materiales de las cosas que nos sustrajeron (que, además, cada vez cuestan más), también deja angustia, vulnerabilidad, y una sensación de intranquilidad que no nos permite vivir en paz. Y bronca. Y cuando ese sentimiento se vuelca a la búsqueda de respuestas, vacío e indignación. Porque lo que para muchos es un flagelo, para unos pocos es demagogia y venta de humo en búsqueda de votos o harina para el propio costal. Y la solución no llega; aún más, la problemática se agrava. Y el círculo, como viene sucediendo desde hace décadas, se vuelve totalmente vicioso.
En este contexto, lo primero que surge como prioritario es decir las cosas como son, sin dobles intenciones, y con responsabilidad. Pueden ser verdades de perogrullo, pero con tantos discursos que marean es un ejercicio indispensable para volver a foja cero. No hay soluciones mágicas para la inseguridad: nadie va a resolver el aumento de hechos delictivos de un día para el otro. Lo que sí hay es responsabilidades concretas, y una imperiosa necesidad de que los distintos actores que detentan esas responsabilidades articulen entre sí para abordar la seguridad pública de una manera que permita revertir el marco de situación.
Los hechos delictivos deben prevenirse para evitarse; pero si suceden, también deben sancionarse. Prevención y sanción son dos caras de una misma moneda, no hay seguridad pública si la política criminal no funciona de manera coordinada con ésta.
Para prevenir está la policía, que independientemente de sus propias jerarquías, tiene como autoridades al Ministro de Seguridad de la Provincia, y arriba de él, al Gobernador. A ellos hay que reclamarles cuando falte personal policial en las calles, cuando hayan pocos móviles, o, en casos más extremos como el de nuestra ciudad, cuando a las comisarías no les funcione la línea telefónica, no tengan hojas para imprimir las denuncias, o cuestiones similares que son básicas para su funcionamiento. También hay incidencia de los Municipios (intendente y concejales), pero ellas se circunscriben a las obras y servicios de gestión municipal (luces públicas, poda de árboles para que no tapen las luminarias, pavimentación de calles, sistema de monitoreo de cámaras, entre otras). Ahora, también hay que decir esto: ninguna sociedad con los niveles de desigualdad que exhibe nuestro país, puede plantear de manera racional estar libre de conflictividades. Según los datos del INDEC al primer semestre de 2022 (probablemente agravados hoy en día por los efectos de la inflación), el 36,5% de la población está por debajo de la línea de pobreza, y el 8,8% por debajo de la línea de indigencia; traduciendo: en nuestro país, una de cada tres personas no tiene para satisfacer sus necesidades básicas (hogar, ropa, etc.), y una de cada diez no tiene para comer. En la medida que no se mejoren estos indicadores, es muy difícil que se avance en una solución integral a la inseguridad.
Ahora, si alguien cometió un delito, hay que perseguirlo y sancionarlo, como una mínima respuesta a la víctima y como un deber del Estado para mostrar ejemplaridad. Para ello está el Ministerio Público de la Acusación -o “fiscalía”- que, en el caso de nuestra ciudad, tiene a dos fiscales. Allí llegarán todas las denuncias y actuaciones que tome o realice la policía para su investigación, ellas serán las que ordenen las detenciones de quienes estén individualizados como autores, cómplices o instigadores de los hechos, de ellas depende que se solicite a los jueces -quienes en última instancia serán los que ordenarán- allanamientos cuando la víctima tenga la expectativa de encontrar cosas robadas o recuperar un inmueble usurpado, prisiones preventivas, etc. También, para el caso de los menores de edad punibles (más de dieciséis años), el Juzgado de Menores de nuestra ciudad que está a cargo de un juez.
Es necesario que todos estos actores que he ido mencionando, y que tienen una amplia incidencia en el día a día de nuestra ciudad, tengan como deber mínimo de acuerdo a sus responsabilidades: hacer su tarea de manera seria y responsable, coordinar con los demás actores en mesas operativas el sentido de su accionar (construcción de datos, elaboración de marcos de trabajo y protocolización general de acciones, geolocalización delictiva, articulación de intervenciones específicas), trabajar multiagencialmente la presencia del Estado en el territorio sin deslindar el desarrollo urbano y la cuestión social de la prevención delictiva, y rendir cuentas a los ciudadanos y ciudadanas -muchos de ellos víctimas de delitos- que requieren aquello en sus propias oficinas, o en el marco de reuniones institucionalizadas formalmente (Consejo Local de Seguridad) o informales convocadas por las Comisiones Vecinales o distintos actores territoriales.
Francisco Bracalenti es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y secretario del Bloque Frente Progresista en el Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución.
