El coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos, analiza el anuncio del Gobierno: ¿A quiénes afecta y por qué varios sectores quedan afuera? ¿Podrán los salarios privados registrados ganarle a la inflación? ¿Qué va a pasar con los estatales?
En medio de la fuerte presión inflacionaria que atraviesa nuestro país -52,3% interanual, según los últimos datos oficiales del INDEC de febrero-, el Gobierno convocó de forma adelantada a 26 organizaciones gremiales y sus respectivas patronales para discutir las paritarias de 2022. Entre las actividades que celebrarán negociaciones salariales según la resolución oficial figuran la de la construcción; camioneros y transporte de cargas; sanidad; hoteleros y gastronómicos; seguridad; maestranza y limpieza; industria plástica; pasteleros; seguros; alimentación y textiles.
La medida no alcanza a las actividades que ya negociaron acuerdos para este año, como en los casos de aceiteros, entidades civiles y deportivas, metalúrgicos, pintura, obras sanitarias y carne.
El llamado se da luego de que el presidente Alberto Fernández citara a una mesa de diálogo y concertación social tendiente a alinear expectativas entre los ingresos de los trabajadores y las subas de precios. Tal como reza el texto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo apunta a una mejora de los ingresos reales de la población, indica la Resolución.
“El efecto puede ser político, una señal al conjunto de sindicatos y cámaras empresarias, pero formalmente no implica ningún cambio de fondo: trabajadores y patronales se pueden sentar a negociar cuando quieran, no necesitan de una convocatoria específica del Ministerio de Trabajo”, señaló en declaraciones a Canal Abierto el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos. “Una consecuencia concreta podría ser que aquellos sectores que tenían previsto sentarse a negociar en mayo, ahora quizás lo hagan en abril. Pero las paritarias son libres, y esta resolución no va asegurar que se vayan a cerrar ahora o no, o si los índices van a estar por encima de la inflación o no”. En todo caso, cabe señalar que cuando hablamos de paritarias siempre se alude a sectores registrados, y no a la gran masa de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en el sector informal. “Son alrededor del 50% de la población activa, y los mecanismos son mucho más precarios y frágiles, como la Tarjeta Alimentar (hoy en 9 mil pesos) o el Salario Social Complementario (poco por encima de los 16 mil)”.
La carrera entre salarios y precios
La “guerra contra la inflación” anunciada por el Gobierno es ni más ni menos que la necesidad –política y social, pero también electoral de cara a 2023- de que los salarios recuperen un poco del terreno perdido en los últimos años. Este tema es uno de los puntos centrales de las discusiones internas que hoy se dan dentro del Frente de Todos.
En relación a esta carrera, Campos explicó que “hace años que las negociaciones salariales tienen un fuerte componente defensivo, sobre todo porque los sindicatos discuten sólo una parte del salario real, que es el salario nominal y no la evolución de los precios; por eso siempre vemos a los salarios corriendo detrás de la inflación, no perdiendo poder adquisitivo y empatando -en general, tarde- en el mejor de los casos.
Un síntoma que evidencia el carácter defensivo y a corto plazo es que cada vez son más los gremios que negocian acuerdos semestrales o trimestrales, y no anuales”. “A este complejo escenario de inercia inflacionaria y con las discusiones salariales a la defensiva, tenemos que agregar la presión que ejerce la guerra en Ucrania sobre los precios de productos básicos y las políticas de corte ortodoxo -como la baja de subsidios y emisión monetaria, y la elevación de tasas de interés- que va a implicar el acuerdo con el FMI”, detalló el especialista.
