Este fin de semana regresó el humo proveniente de la quema de pastizales en la zona de islas. Desde la Multisectorial por los Humedales reclaman sanciones penales y se preguntan: ¿Dónde están los “faros de conservación” prometidos? Los ambientalistas advierten que “no hay tareas de prevención, no hay imputados, tampoco tenemos Ley de Humedales”.
Con la altura del río Paraná por debajo de los 60 centímetros frente a la ciudad de Villa Constitución, la región del Delta vuelve a recibir el impacto de otro fenómeno recurrente: los incendios. En los últimos días se registraron numerosos focos en la zona de islas, tanto frente a Rosario como a la altura de Pueblo Esther, Arroyo Seco, Villa Constitución y San Nicolás, donde el humo fue nuevamente motivo de conversación entre sus habitantes.
Ante este panorama, los ambientalistas de la Multisectorial por los Humedales Rosario reclamaron un urgente tratamiento del proyecto de ley que busca incorporar un Capítulo Penal Ambiental al Código Penal nacional, para que las quemas sean penadas de forma más severa.
Ivo Peruggino, integrante de la ONG Mundo Aparte y uno de los referentes de la Multisectorial, señaló que “impune y sistemáticamente se agravan los delitos contra el ambiente y en consecuencia, contra la salud de las personas”. En tal sentido, precisó que esta semana “las quemas volvieron con todo, no solo frente a Rosario sino a otras localidades. El fuego volvió y no hay faros de conservación, no hay prevención, restauración del daño, no hay imputados. Parece ser que los fiscales y jueces (por la causa penal que rige en la Justicia de Victoria) no ven. Pero al menos el movimiento socioambiental está más unido y multitudinario”.
Peruggino recordó que los faros de conservación fueron anunciados por el Ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, se exhibieron los drones y se presentaron los guardaparques que trabajarían en cada lugar, pero advirtió que actualmente se desconoce cuántos son y si se encuentran en constante vigilancia en la zona de las islas o no.
El ecologista indicó que, en el propio discurso en la apertura de sesiones de la Legislatura provincial, el gobernador Omar Perotti mencionó el “trabajo en conjunto con el gobierno nacional para la instalación de los faros de conservación: desde Santa Fe propusimos cuatro puntos de instalación e impulsamos el primero de ellos en el Parque Nacional Islas de Santa Fe”.
Peruggino reconoció en torno a los delitos ambientales: “Sabemos que un fuerte sector hará lobby para que no salga porque no les conviene pero también sabemos que el movimiento socioambiental está más multitudinario y altamente territorializado, en reclamo a los legisladores que estén a la altura de las circunstancias aprobando este proyecto”.
“Tampoco olvidamos que, a pesar de todas las metas ‘verdes’ que anunció el Presidente, la verdad es que de la quema del año pasado en las islas nadie se hizo cargo, ni lo pudieron apagar ni encontrar a los responsables. Los incendios tuvieron repercusión en la salud de la sociedad sumado a la pandemia, trajeron un colapso sanitario por consultas respiratorias en ese momento”, dijo.
Luego recordó que el actual Código Penal vigente es el mismo de hace 100 años con algunas modificaciones, y que “no regula de forma autónoma el bien jurídico ambiente, y es importantísimo que se haga para que las penas dejen de ser una multa económica que son fácilmente incorporadas a sus esquemas de negocios, y podamos contar con una justicia real sobre esto”.
Los delitos ambientales
En un comunicado difundido desde la Multisectorial ironizaron que en Argentina se puede “ir preso por robar un chicle pero no por envenenar un río, cazar animales en estado crítico de conservación o incendiar ilegalmente bosques y humedales”.
Allí destacan “la necesidad imperiosa de incluir un Capítulo Ambiental al Código Penal Argentino, donde no regula de forma autónoma el bien jurídico ‘Ambiente’. Incendios intencionales, deforestación, caza y tráfico de fauna, pesca ilegal y relleno de humedales son algunos de los crímenes que hoy no están tipificados de forma directa ni contemplan condenas de prisión efectiva”. Dicho en otras palabras, aseguran que “en Argentina no existen delitos ambientales, que dañan severamente la naturaleza a corto, mediano y largo plazo”.
Con respecto a los incendios que se generan en las islas entrerrianas, reiteraron que son originados “con fines agroganaderos, difícilmente quienes los generan sean alguna vez identificados, y en ese caso, la multa resulta insignificante en relación a la ganancia que les genera la actividad”.
Consideraron que los delitos ambientales generalmente son de ejecución continuada y con efectos retardados por acumulación, el daño causado no se manifiesta inmediatamente, y esto debe ser tenido en cuenta a la hora de pensar su tratamiento.
“¿Dónde están los “faros de conservación” prometidos? ¿Dónde están las causas en marcha a los responsables? ¿Dónde está el interés por la vida, nuestra vida? ¿Dónde está la Ley de Humedales?”, dice el comunicado.
