Un informe ordenado por el juez federal Ariel Lijo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado confirma los cálculos de la fiscal comercial Gabriela Boquin, por los que se opuso en su momento al acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa del Grupo Macri.
Con Mauricio Macri como presidente, el Estado aceptó en 2016 un acuerdo comercial del Correo Argentino (propiedad, justamente, de la familia Macri) para saldar la deuda. La fiscal Gabriela Boquín se opuso y el acuerdo nunca se concretó. En ese momento se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito.
Como recuerda la agencia de noticias Paco Urondo, la deuda por el canon del servicio postal argentino había sido un reclamo constante del Estado hasta ese momento. Luego de varios rechazos, y ya con Mauricio Macri en el poder, la sociedad anónima Correo Argentino arribó a un rápido acuerdo con el gobierno nacional. El monto en disputa era de 296 millones de pesos y provenía desde la recisión del contrato por parte del presidente Néstor Kirchner con el Grupo Macri por el constante incumplimiento en los pagos del canon. En el momento del acuerdo, en el proceso concursal, la fiscal de Cámara Comercial, Gabriela Boquin, objetó el acuerdo asegurando que se trababa de una licuación de la deuda. El acuerdo fallido estipulaba pagos hasta el año 2033.
La fiscal de Cámara aseguró que la propuesta que aceptó el gobierno de Macri, con el radical Oscar Aguad en el ministerio de Comunicaciones, era “abusiva” e implicaba un “perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. Boquin incluso aseguró que el acuerdo era directamente una “condonación de la deuda”.
A raíz de la difusión de la objeción de Boquin, que fue perseguida durante todo el gobierno Mauricio Macri, no solo hubo modificaciones en el ministerio de Comunicaciones, que se disolvió y Aguad pasó a Defensa. También se iniciaron varias causas penales por el intento de atentar contra el patrimonio público. Obviamente teniendo en cuenta que los beneficiarios eran los familiares directos del presidente Macri y sus herederos.
De las causas que se iniciaron, en una de ellas, en la justicia federal porteña, surge un nuevo informe pericial ordenado por el juez Ariel Lijo que confirma la estimación de fiscal Boquin. En su momento, la fiscal se apoyó en un análisis de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones que aseguraba que la propuesta licuaba casi el 100% de la deuda del Grupo Macri. El nuevo informe ordenado por Lijo estima que la condonación alcanzó el 92%.
Estos nuevos datos complican la situación de los procesados y en particular del titular en ese momento del ministerio de Comunicaciones, Oscar Aguad. La incógnita sobre el rol del propio presidente Mauricio Macri se agiganta teniendo en cuenta lo explícito de la condonación de la deuda y el intento de cerrar el capítulo Correo Argentino-Grupo Macri.
