El conductor fue denunciado por resistirse al control en Ruta 21 y Sivori. Al bajar del vehículo dejó la caja automática en Parking, lo que obligó a contratar una grúa especial y pagar horas extras al personal de Inspección General.
Lo que empezó como el aviso de unos vecinos por una maniobra peligrosa en inmediaciones de Ruta 21, terminó con un operativo que se prolongó durante toda la jornada y le generó gastos al Municipio de Villa Constitución. El sábado, alrededor de la 1:40, la policía llegó a la zona y encontró un Fiat Fastback ocupado por dos hombres domiciliados en San Nicolás, provincia de Buenos Aires: el conductor, un abogado de 63 años, y un acompañante de 70.
Los efectivos advirtieron que el hombre al volante emanaba un fuerte aliento etílico, por lo que convocaron a Inspección de Tránsito y le impidieron seguir manejando. El control de alcoholemia arrojó 1,64 g/l de alcohol en sangre. Según la denuncia presentada después en la Comisaría 13ª, el conductor se habría resistido primero a exhibir la documentación obligatoria y fueron necesarios cuatro intentos para completar el test, porque se habría negado a soplar o lo habría hecho de manera deficiente.
La presentación la hizo un funcionario municipal, que dejó asentado que durante el procedimiento el automovilista mantuvo un trato “hostil, degradante, agresivo y amenazante”, con gritos e improperios contra el personal. También quedó registrado que el hombre dijo ser abogado, sostuvo que los funcionarios desconocían las leyes y mencionó supuestos vínculos con el poder político de su ciudad. Para el denunciante, esa conducta entorpeció el operativo y desobedeció las órdenes de los funcionarios públicos mientras cumplían sus tareas.
El problema mayor apareció al momento de llevar el vehículo al corralón municipal. De acuerdo con la denuncia, el conductor se negó inicialmente a bajar del rodado y, cuando finalmente lo hizo, dejó la caja automática en posición Parking, lo que trabó las cuatro ruedas. Esa decisión impidió un traslado convencional sin riesgo de dañar el auto, que debió quedarse en la vía pública bajo custodia hasta que se pudiera mover.
La situación obligó al Municipio a disponer personal de guardia para custodiar el vehículo durante la jornada, con el consiguiente pago de horas extras. Además, fue necesario contratar un servicio de grúa especial para trasladarlo finalmente al depósito municipal. La denuncia sostiene que la conducta atribuida al automovilista provocó complicaciones administrativas y un perjuicio económico para el erario municipal, tanto por la afectación de personal como por los gastos del traslado especial.
