La medida, anunciada como “preventiva por espionaje ilegal”, afecta a unos 60 acreditados. La oposición denunció vulneración a la Constitución y convocó a una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión.
El Gobierno nacional dispuso este jueves una medida sin antecedentes en la historia argentina desde el regreso de la democracia en 1983: la prohibición total del ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. La restricción, comunicada a través de un breve mensaje, afecta a unos 60 profesionales y fue justificada como una decisión “preventiva por el espionaje ilegal”.
“Hoy se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, indicó la comunicación oficial. El secretario de Comunicación, Javier Lanari, defendió la medida y señaló que responde a una denuncia presentada por Casa Militar, un organismo dependiente de la Secretaría de Presidencia, contra el canal TN, al que se acusa de haber grabado en Balcarce 50 sin autorización. La denuncia penal, presentada el miércoles, imputa a dos periodistas por delitos vinculados a la “divulgación de secretos políticos y militares” y “cuestiones relacionadas con la seguridad nacional”.
Un encuentro con un magnate tecnológico en el centro de la escena
La restricción a la prensa se conoció horas antes de que el presidente Javier Milei recibiera en su despacho al empresario estadounidense Peter Thiel, cofundador de PayPal y una de las figuras más influyentes de Silicon Valley.
Hasta el momento no trascendió información oficial sobre el contenido de la reunión debido al bloqueo al acceso de los periodistas.
Minutos después del encuentro, el mandatario publicó en sus redes sociales una imagen junto al tecnomagnate, acompañada del acrónimo “NOL$ALP” (“no odiamos lo suficiente a los periodistas”).
Reacciones de la oposición y acciones legales
La medida generó un rápido rechazo en el arco político y en los organismos de defensa de la libertad de expresión. La diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza, presentó una denuncia penal contra el presidente Milei y varios funcionarios, al considerar que la prohibición vulnera principios constitucionales.
Paralelamente, la oposición anunció la convocatoria para la próxima semana a una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Un grupo de legisladores también presentó un proyecto de resolución en contra de la disposición del Ejecutivo nacional y solicitó una audiencia conjunta para abordar el tema.
Contexto de tensión política
La decisión se da en medio de un clima político caldeado por el escándalo por enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumando un nuevo foco de conflicto entre el Gobierno y los sectores opositores.
La prohibición de ingreso a la prensa acreditada a la sede del Poder Ejecutivo no tiene antecedentes en las últimas cuatro décadas y marca un punto de inflexión en la relación del actual gobierno con los medios de comunicación.
