La difícil emancipación: cuatro de cada diez jóvenes argentinos no logran independizarse

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Un reciente estudio de la Fundación Tejido Urbano reveló que el 38,3% de los jóvenes argentinos de entre 25 y 35 años no ha podido emanciparse económicamente y continúa viviendo en el hogar familiar. La cifra, correspondiente a 2025, muestra un leve empeoramiento respecto al 37,8% registrado el año anterior y refleja una tendencia estancada que se mantiene desde hace una década.

Desde la Fundación atribuyen este fenómeno a una compleja combinación de factores, entre los cuales los económicos juegan un papel determinante. Según el análisis, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, aproximadamente 1,8 millones de jóvenes integran este grupo que no ha logrado independizarse, una cifra que se mantiene constante en los últimos diez años, fluctuando siempre entre el 36% y el 40%.

Entre las causas identificadas destacan tres condicionantes principales: la prolongación de los estudios universitarios, el tipo de empleo y el nivel de ingresos, y los proyectos de vida familiar. Los autores del estudio subrayan que el peso del alquiler sobre los salarios se incrementó significativamente, consumiendo en promedio el 41% de los ingresos de los jóvenes que logran alquilar.

La brecha económica entre quienes logran independizarse y quienes no pueden hacerlo es marcada: los jóvenes emancipados presentan una tasa de desempleo notablemente menor (entre 4% y 5%) frente al 10% de quienes permanecen en casa de sus padres. Además, quienes viven por su cuenta perciben, en promedio, el doble de ingresos que quienes no han podido hacerlo.

La investigación hizo hincapié en que el mercado laboral argentino no generó oportunidades genuinas para los jóvenes en las últimas dos décadas, lo que se traduce en que quienes hoy tienen 30 años acceden a empleos similares a los que tenían los jóvenes de 20 años a principios del siglo. Este escenario viene impulsando el aumento del cuentapropismo y la informalidad, dificultando aún más el acceso a la vivienda propia y a prestaciones sociales básicas como salud o futuros beneficios jubilatorios.