Las centrales conducidas por Hugo Yasky y Hugo «Cachorro» Godoy se reunirán el próximo 3 de febrero. Definirán un plan de lucha federal contra un proyecto que califican de «antisindical» y comparan con la Ley Banelco.
En un contexto de creciente conflictividad social, la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) y la Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma (CTA-A) convocaron a un plenario conjunto de sus mesas nacionales. La cita tendrá lugar el próximo martes 3 de febrero con el objetivo de ratificar la unidad de acción y profundizar las medidas de fuerza contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.
A través de un comunicado emitido este viernes 23 de enero, las centrales obreras expresaron que la reforma no es más que una «copia corregida y aumentada de la tristemente célebre Ley Banelco», caracterizándola como un proyecto de corte regresivo y fuertemente antisindical.
Para las CTA, los artículos de la reforma persiguen el fin de debilitar la capacidad de negociación de los sindicatos y dejar desprotegidos a los asalariados. Entre los puntos que generan mayor alarma, el documento destaca:
- Atomización de las paritarias: Denuncian que la reforma busca fragmentar las discusiones salariales mediante la caída de los convenios colectivos nacionales.
- Ataque a derechos fundamentales: Advierten sobre el abaratamiento de los despidos, la anulación en la práctica del derecho de huelga y la imposición de restricciones para realizar asambleas.
- Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Califican esta propuesta como un «botín de guerra» para el sector financiero, sosteniendo que los despidos se financiarían con un aporte del 3% extraído de los recursos de la seguridad social.
Estrategia federal y presión política
Las centrales, lideradas por Hugo Yasky (CTA-T) y Hugo «Cachorro» Godoy (CTA-A), enfatizaron que ningún gobernador debería ser «cómplice de la sanción de esta ley». Por este motivo, el plenario del 3 de febrero definirá las características de un plan de acción que comenzará con una etapa de despliegue en las provincias, para luego confluir en medidas de carácter nacional.
Desde las centrales consideran «inadmisible» que, en medio de una ola de despidos y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, el Ejecutivo intente avanzar con una legislación que profundice el daño social generado por las políticas de Javier Milei.
Finalmente, las dos CTA ratificaron su rechazo integral a todo el proyecto y su compromiso de construir la mayor unidad posible para frenar lo que consideran un ataque directo al Estado Social de Derecho.
