por Alejandro Iuliani
En Villa Constitución, como en tantas otras ciudades del país, el avance del consumo problemático de alcohol y drogas dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en una expresión cruda del deterioro social. La pobreza persistente, la fragmentación de los vínculos comunitarios, la precariedad laboral y la ausencia de horizontes configuran un escenario donde las adicciones no son una anomalía, sino una consecuencia. Frente a esa realidad, la respuesta del Estado —en sus tres niveles— aparece, en el mejor de los casos, fragmentada; en el peor, directamente ausente.
En ese vacío, las iglesias ocupan un lugar que nadie más parece dispuesto o en condiciones de asumir. Especialmente las iglesias evangélicas, que desde hace años desarrollan tareas de contención, acompañamiento espiritual y seguimiento familiar de personas atravesadas por consumos problemáticos. No se trata de una política pública ni de un dispositivo formal de salud mental, sino de una red sostenida por la convicción religiosa, el compromiso comunitario y una presencia constante allí donde el Estado no llega.
Las experiencias locales muestran una realidad compleja. En Villa Constitución no existen comunidades terapéuticas formales destinadas a vecinos de la ciudad. Sí han existido y existen hogares de día y dispositivos con internados provenientes de Rosario y localidades aledañas, impulsados por iglesias y organizaciones de otras ciudades que eligen a Villa para alejar a las personas de sus entornos de consumo. Sin embargo, esas iniciativas no dan respuesta estructural a la problemática local. Para los vecinos de Villa Constitución, el abordaje suele consistir en acompañamiento espiritual, contención familiar y, muchas veces, la gestión de internaciones en otras ciudades, con todas las dificultades económicas y logísticas que eso implica.
Aun con sus detractores, estas experiencias son, para muchos, prácticamente las únicas que pueden mostrar algún tipo de resultado visible. No porque resuelvan el problema de fondo —está claro que no alcanza— sino porque ofrecen algo que escasea: escucha, pertenencia y sentido. En un contexto donde la salud mental sigue siendo un privilegio y no un derecho garantizado, la fe se transforma en un sostén concreto para quienes quedaron fuera del sistema.
Las críticas a estos espacios existen y no son menores. Se señala la ausencia de abordajes profesionales sistemáticos, el riesgo de simplificar una problemática compleja desde una mirada exclusivamente espiritual y la falta de articulación con políticas públicas de salud. Sin embargo, incluso quienes cuestionan estos dispositivos reconocen una verdad incómoda: sin ellos, la intemperie sería total.
El Estado, mientras tanto, aparece atrapado en sus propias limitaciones. En el ámbito municipal, la respuesta más habitual cuando vecinos o instituciones solicitan ayuda para tratamientos o traslados es una frase que se repite como un mantra: “no hay presupuesto”. A nivel provincial, existen intentos de dar respuesta mediante convenios específicos con organizaciones sociales —entre ellas, iglesias evangélicas— que permiten la transferencia de recursos. Es una respuesta real, pero claramente insuficiente, que termina delegando en actores comunitarios una responsabilidad que debería ser indelegable. Del gobierno nacional, en estos tiempos, poco o nada puede esperarse.
La deuda es enorme y atraviesa a los tres niveles del Estado, con mayor o menor responsabilidad según el caso. No se trata de una crítica al Estado como idea, sino todo lo contrario: lo que falta es más Estado. Más presencia, más planificación, más recursos, más compromiso. ¿O también este drama social se va a dejar atado a la lógica del “libre mercado”?
En este entramado, también las parroquias católicas cumplen un rol relevante, aunque diferente. Muchas de ellas ceden sus espacios para el funcionamiento de grupos de ayuda mutua como Alcohólicos Anónimos (Al-Anon) o Narcóticos Anónimos (NA). No generan dispositivos propios de tratamiento, pero ofrecen un lugar de contención, encuentro y acompañamiento que resulta fundamental. Son experiencias distintas, con recursos y metodologías diferentes, pero que comparten un mismo objetivo: que nadie quede completamente solo frente al consumo.
La situación interpela a toda la comunidad. Las iglesias —evangélicas y católicas— hacen lo que pueden, y muchas veces más de lo que les corresponde. Lo hacen con convicción, con límites y con resultados parciales. Pero no pueden ni deben reemplazar al Estado. El consumo problemático no es una falla individual ni un problema de fe: es una expresión social que exige respuestas integrales, sostenidas y públicas.
Mientras eso no ocurra, la escena seguirá repitiéndose. Iglesias abiertas, familias desbordadas, voluntarios haciendo lo imposible y un Estado que llega tarde o no llega. La pregunta queda abierta: ¿cuánto más puede sostener la fe lo que debería garantizar la política pública?
Alejandro Iuliani es periodista, actor y director teatral; editor del diario digital El Tigre de Papel y director de Radio X, de Villa Constitución (Santa Fe), emisora integrante de Cadena Regional.
Foto de Cristina Radevich en Unsplash
