Este martes, organizaciones que trabajan con personas con discapacidad se movilizaron en la Plaza San Martín para expresar su repudio al veto presidencial que dejó sin efecto la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso el pasado 10 de julio. La protesta se replicó en todo el país y en Rosario fue encabezada por Apridis (Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad).
Desde temprano, personas con discapacidad, familiares, docentes, trabajadores y transportistas se concentraron en Córdoba y Dorrego para visibilizar el impacto de la medida del Gobierno nacional. Con pancartas que decían “Invisibles nunca más”, “Recortar en discapacidad es abandonar a quienes más lo necesitan” y “No es favor ni caridad, es respeto y equidad”, la movilización buscó mostrar el profundo malestar del sector, que atraviesa una crisis sin precedentes.
Luciano Urrutia, vicepresidente de Apridis, advirtió que la situación es “acuciante” y que muchas personas están quedando sin acceso a los tratamientos que necesitan. “Los transportistas no pueden sostener los vehículos en funcionamiento y hay instituciones que ya no pueden recibir a los usuarios porque no tienen cómo afrontar los gastos”, explicó en declaraciones a medios locales.
Urrutia también remarcó que varias instituciones comunicaron que les quedan “meses de funcionamiento”, y cuestionó la falta de diálogo con el Gobierno nacional: “Nunca nos pasó esto de no tener ninguna respuesta. Lo único que recibimos son agravios por los medios o redes sociales”.
La concentración incluyó una caravana de vehículos de transporte de personas con discapacidad, que permanecieron estacionados sobre calle Santa Fe, generando cortes de tránsito cerca del mediodía.
Desde Atraes, la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de Santa Fe, su referente Pablo Bolego consideró el veto como “un golpe durísimo” y afirmó: “Esta ley venía a recomponer las pensiones y actualizar aranceles que no se tocan desde diciembre de 2024”.
“El Gobierno con el veto eligió una actitud fiscalista, por encima de la ética y la humanidad, abandonando a las personas con discapacidad”, sostuvo el dirigente, que también pidió a los legisladores que insistan en la sanción de la ley.
Desde Apridis anticiparon que seguirán trabajando junto a representantes del Congreso para revertir la decisión y volver a impulsar una normativa que permita evitar el colapso del sistema de atención. “No podemos permitir que cierren más instituciones ni que miles de personas pierdan el derecho a una vida digna”, señalaron.
