Tras el anuncio del Gobierno nacional sobre la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), dedicado a promover proyectos de urbanización e integración en barrios populares de todo el país, consultamos a la Arq. Paola Bagnera, quien se desempeñó durante muchos años en distintas áreas de Hábitat en el Estado nacional, en organizaciones no gubernamentales y en el Municipio de Villa Constitución como Secretaria de Ordenamiento Territorial.
Bagnera no ocultó su indignación: “Cada día es un atropello nuevo, un derecho menos. Esto afecta a los sectores más vulnerables de nuestro país”.
El FISU, creado tras la sanción por unanimidad de la Ley Renabap en 2016 y consolidado en 2018 con fondos estatales e incluso aportes del impuesto a las grandes fortunas durante la pandemia, permitía financiar obras de urbanización en barrios populares.
Según el vocero presidencial Manuel Adorni, el cierre se debe a que “se detectó que el FISU compraba terrenos contaminados, concedía obras a cooperativas sin antecedentes y demoraba el desarrollo de las mismas”. “Con estos cierres, ya son 24 los fondos eliminados por esta gestión”, celebró.
Sin embargo, Bagnera rechazó estos argumentos: “Son falaces y fáciles de verificar. El FISU tenía mecanismos de control, como certificaciones de las obras realizadas”. Además, cuestionó la falta de transparencia en la decisión, al señalar que la medida anunciada por el portavoz del Gobierno “ni siquiera apareció en el Boletín Oficial, solo se anunció por un tweet de Adorni”.
Impacto concreto en los barrios
La arquitecta destacó que el FISU no solo financiaba grandes proyectos, sino también iniciativas menores como “Mi Pieza”, un programa que en Villa Constitución benefició a más de 600 familias con pequeños subsidios para ampliar sus viviendas. “Ese dinero se reinvertía en la economía local: compra de materiales y contratación de mano de obra”, explicó.
También mencionó el congelamiento de un crédito del BID destinado a obras de infraestructura en los barrios Santa Teresita y Prefectura, lo que deja en suspenso mejoras urgentes en zonas con alto riesgo habitacional. “¿Qué explicación darán al BID por estos fondos internacionales no ejecutados?”, se preguntó.
¿Irregularidades o ajuste ideológico?
Bagnera vinculó el cierre del FISU con denuncias recientes contra Sebastián Pareja, actual titular de la Secretaría de Integración Social Urbana y cercano a Karina Milei, acusado en medios de manejar discrecionalmente fondos públicos. “Anoche se denunció esto, hoy desaparece el FISU. ¿Coincidencia?”, cuestionó.
Para la especialista, la medida refleja una política de desinversión en lo social: “El mensaje es claro: el Estado no hará más viviendas ni obras para los barrios populares. Pero entonces, ¿en qué se gasta nuestro dinero?”.
Con la disolución del FISU, quedan en el aire 155.000 millones de pesos asignados a proyectos de integración urbana. Bagnera insistió en que la decisión “es un golpe durísimo para miles de familias que ya viven en condiciones inhumanas” y llamó a “votar con conciencia en octubre” para revertir estas políticas.
