El juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores metalúrgicos en 1975 está escribiendo un capítulo crucial en la historia de Villa Constitución y la región. A medida que se acerca la etapa de alegatos, prevista para marzo de 2025, el proceso no solo busca justicia por los hechos represivos ocurridos durante el denominado “Operativo Serpiente Roja del Paraná”, sino que también renueva el compromiso con la memoria y los derechos humanos.
Los testimonios recogidos hasta ahora han dejado una huella profunda en quienes siguen el desarrollo de esta causa. Más de un centenar de personas, entre sobrevivientes, familiares, expertos y testigos, aportaron detalles que reconstruyen no solo los eventos represivos, sino también el contexto político y social de una época marcada por la violencia y la persecución.
Una de las iniciativas más significativas en esta etapa fue el pedido para que los alegatos finales se realicen en Villa Constitución. Según Federico Pagliero, abogado querellante, esta solicitud representa un acto simbólico que trasciende lo judicial. “Lograr que este tramo se lleve a cabo en la ciudad es un reconocimiento a las víctimas y un mensaje de justicia cercano a la comunidad”, explicó.
Esta propuesta cuenta con el apoyo de organizaciones locales, sindicatos y referentes de derechos humanos, quienes consideran que acercar el juicio al territorio donde ocurrieron los hechos refuerza el lazo entre la justicia y la sociedad.
Un juicio con revelaciones inéditas
Desde su inicio, este proceso viene arrojando luz sobre la complicidad entre sectores empresariales, sindicales y gubernamentales en la represión de los trabajadores. La empresa Acindar, por ejemplo, ocupa un lugar central en los testimonios y pruebas analizadas, al igual que las políticas de control y disciplinamiento que se ensayaron en la región antes de extenderse al resto del país.
“Fue un modelo de represión sistemática contra los trabajadores organizados, con consecuencias que trascendieron Villa Constitución y marcaron el devenir nacional”, explicó Pagliero.
Además de los testimonios locales, el juicio incluyó declaraciones de personas exiliadas, quienes aportaron una perspectiva internacional sobre los hechos y su impacto.
Un legado que educa y transforma
El juicio también se perfila como un recurso invaluable para la educación y la memoria histórica. Todo el material recopilado será digitalizado y puesto a disposición del público, permitiendo que futuras generaciones accedan a una reconstrucción detallada de este episodio.
“La digitalización de las pruebas no solo preserva la memoria, sino que la pone al servicio de la sociedad para que estas atrocidades no se repitan”, destacó Pagliero, quien subrayó el valor pedagógico del proceso.
Un cierre que apunta a la justicia y la reflexión
Con la conclusión del juicio cada vez más cerca, Villa Constitución se prepara para un momento de reflexión colectiva. La sentencia no solo será un acto de justicia para las víctimas, sino también un mensaje contundente sobre la importancia de defender los derechos humanos en todo contexto.
El camino hacia el veredicto final no es fácil, pero las víctimas y sus familias esperan que este proceso histórico termine con una condena ejemplar, que honre la lucha de quienes enfrentaron la represión y mantuvieron viva la llama de la justicia durante décadas.
