La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), que lidera Gerardo Martínez, decidió este lunes el estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras públicas y privadas del país en rechazo de «la pérdida de 50 mil puestos de trabajo por la paralización de las obras públicas que dispuso el Gobierno y la desaceleración de la inversión», informó la entidad sindical.
La UOCRA explicó que «la paralización de las obras públicas dispuesta por el Gobierno de Javier Milei y la desaceleración de la inversión arriesga la continuidad de los emprendimientos privados en ejecución, con su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores».
Además denunció «la ausencia de gestión y de interlocutores válidos del Poder Ejecutivo, que se desentiende de la problemática que afecta a la industria».
«Esta situación se produce en el contexto de la abrupta y generalizada caída de la actividad económica, y se agrava en la industria de la construcción por la reticencia del empresariado a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo ante una inflación sostenida que castiga a los trabajadores», sostuvo el gremio en un comunicado.
Para Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, los trabajadores «no tienen otras herramientas para enfrentar la crítica coyuntura que la suba de los ingresos».
«En los dos últimos meses se perdieron 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos en la actividad a partir de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del Gobierno, lo que constituye una situación que arriesga de forma grave la continuidad laboral de gran parte de la construcción», dijo.
El dirigente sostuvo que la obra privada no logró aún niveles de actividad que compensen «la drástica caída, y nada indica que los privados sustituyan el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública», y añadió que «es inaceptable que el Gobierno no se responsabilice por las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas, que no convoque al diálogo social y arriesgue la seguridad jurídica».
«El Gobierno de Milei arriesga la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, lo que afecta las impostergables demandas para el desarrollo económico y social de todas las regiones de la Argentina», concluyó el titular de la organización.
