La diputada Lionella Cattalini pide al Ejecutivo que explique por qué adjudicó el tendido de fibra óptica en la provincia a una empresa entrerriana con múltiples denuncias penales por facturar millones de dólares de más a municipios.
Con un pedido de informes al Ejecutivo provincial, la diputada provincial Lionella Cattalini puso en agenda parlamentaria la adjudicación de dos obras por más de 15 millones de dólares para estudios previos y tendido de fibra óptica en la provincia de Santa Fe. La adjudicataria en cuestión es Organización Industrial Construcciones (OIC S.A.), con sede en Entre Ríos, sobre la que pesa una denuncia penal por corrupción.
“En el año 2021, el gobernador Omar Perotti pidió a esta Legislatura la aprobación de un endeudamiento de hasta 100 millones de dólares para la ejecución del programa “Santa Fe más Conectada”, una política pública que prometía la extensión de fibra óptica a toda la provincia para garantizar la conexión digital de todos los santafesinos. No sólo comprobamos que hasta enero de este año sólo se había ejecutado el 20% de la obra sino que encontramos que la etapa principal de la misma fue adjudicada a una empresa que tiene en su haber múltiples denuncias por sobreprecios”, dijo la legisladora del Partido Socialista.
En el proyecto presentado, Cattalini indicó que en 2022 la Casa Gris adjudicó a la firma Organización Industrial Construcciones S.A (OICSA), la contratación de los servicios de Rosario, por la suma de 1.993.000 y luego de 13.268.000 dólares por servicios de relevamiento, estudio, diseño, ingeniería, elaboración de proyecto ejecutivo, provisión y tendido de trazas de fibra óptica en la provincia de Santa Fe.
“Observamos con mucha preocupación la adjudicación de esta obra a una firma que cuenta en su haber varias causas en la justicia en la provincia de Entre Ríos por cobro de sobreprecios en obras pública realizadas en diferentes municipios. Se nos hace muy difícil creer que el gobierno de Perotti no conociera estos antecedentes y al mismo tiempo le adjudique una obra de tamaño peso, tanto estratégico como económico, para nuestra provincia”, señaló.
Antecedentes de OICSA
De acuerdo a indagaciones que Cattalini incluyó en su presentación parlamentaria, esta empresa fue denunciada por haberle facturado a la Municipalidad de Segui, localidad entrerriana, una obra de asfaltado por 20 millones de dólares cuando en realidad costaba 13. Hay una denuncia penal que se encuentra en 2da instancia y una condena contra la empresa. También está denunciado el intendente de Segui de ese momento.
Además, cuenta un escándalo parecido con el municipio de Larroque, otra localidad de la provincia vecina. Data de 2016, cuando OICSA cobró 21 millones de dólares por un asfaltado que, se analizó, debería haber costado 5 millones. Eso mereció una causa penal por administración fraudulenta en la que hay implicado un ex intendente, funcionarios y un directivo de la empresa, Héctor Hereñú, precisó la diputada.
En junio de 2022, la misma empresa admitió haber formado parte de una estructura de corrupción por sobreprecios en las obras de la Cumbre del Mercosur de 2014 realizada en Paraná, donde se benefició con la suspensión del juicio a prueba realizando la correspondiente probation (a través del pago a diferentes entidades públicas, entre ellas la propia municipalidad de Paraná).
