El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, asumió la titularidad del el organismo que designa y remueve a los jueces. Además reestableció la antigua estructura de 20 miembros y ordenó la jura de los nuevos integrantes. Fuertes críticas del Frente de Todos. “Es un antecedente gravísimo porque abre la posibilidad de que, en cualquier momento, la Corte reponga legislación derogada. Eso está fuera de los alcances de la Justicia”, sostuvo el diputado nacional Germán Martínez.
Finalmente la Corte Suprema de Justicia terminó por omitir las advertencias de tribunales menores y de la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dispuso, a través de un fallo, la derogación de la Ley que establecía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para reestablecer una ley anterior, que había sido derogada por el Congreso.
El lunes Horacio Rosatti asumió al frente del Consejo de la Magistratura, el organismo que designa y remueve a los jueces luego de una votación de la Corte Suprema de Justicia, institución que él preside. En otras palabras, él mismo se autodesignó para ocupar ese nuevo lugar.
Los cuestionamientos por este episodio se suman a otros antecedentes que involucran al magistrado santafesino. Desde el oficialismo le recuerdan una y otra vez que fue uno de los dos jueces designados por Decreto de Necesidad y Urgencia durante el gobierno de Mauricio Macri, sugerido por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, hoy prófugo de la Justicia. Aunque luego Rosatti tuvo que someterse al proceso institucional correspondiente.
En el Frente de Todos también le reprochan haberse autovotado en la última designación para presidente del máximo tribunal, en la que tuvo también los apoyos de Carlos Rosenkrantz (presidente saliente) y Juan Carlos Maqueda.
El episodio de esta semana vuelve a poner a Rosatti en el centro de los cuestionamientos. No solo el hecho de haberse votado a sí mismo para quedar al frente del Consejo de la Magistratura generó rechazo, sino que constitucionalistas y referentes del Frente de Todos hicieron hincapié en la gravedad que implica que un fallo de la corte determine la inconstitucionalidad de una Ley sancionada por el Congreso y a la vez pueda reestablecer otra derogada por ese mismo cuerpo legislativo.
Ya el domingo la vicepresidenta Cristina Kirchner había alertado sobre esta situación. Citó el tuit del periodista Matías Mowszet en el que detallaba el prontuario de Rosatti y lo definió como partícipe de “la casta de la que nadie habla”.
Pese al revuelo que generó esta declaración y su consecuente rechazo por parte de referentes del Frente de Todos, el lunes al mediodía la Corte avanzó con la derogación del funcionamiento que tenía hasta ese momento el Consejo de la Magistratura y reestableció la antigua estructura de veinte miembros con la presidencia a cargo del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.
Este hecho motivó que desde el oficialismo se refieran a una decisión “de gravedad institucional”, al considerar que uno de los poderes del Estado (el judicial) se está intrometiendo en competencias de otro (el legislativo) al derogar una Ley sancionada en el Congreso.
Cómo se genera la polémica
Para conocer aún más el detalle de la situación hay que remontarse al año 2017. En ese momento ingresó un expediente a la Corte para solicitarle que se expida sobre la constitucionalidad de una Ley sancionada durante la presidencia de Néstor Kirchner. Esa iniciativa modificó la composición original del Consejo, redujendo la cantidad de consejeros de 20 a 13 y quitándole la presidencia de dicho órgano al presidente de la Corte.
El jefe de bloque del Frente de Todos en el Diputados, Germán Martínez, explicó: “Esa modificación durante el gobierno de Néstor se hizo ya que el desempeño del Consejo había sido lamentable. Para los que se acuerdan, entre 1998 y 2003, regía la figura de una misma persona, Julio Nazareno, quien era el presidente de la Corte y del Consejo. Uno de los personajes más complicados en la época de la mayoría automática en la época de Carlos Menem”.
En diciembre del año pasado, la Corte Suprema tuvo tres instancias: declaró inconstitucional la nueva conformación, le dio 120 días al Congreso para tratar una nueva Ley y estableció que si no se cumplía con el plazo, procederían a la reposición de la Ley que rigió entre 1997 y 2003.
En el Congreso, el nuevo proyecto recibió media sanción de la Cámara de Senadores, pero no llegó a ser tratada en Diputados.
“El antecedente es gravísimo, porque realmente abre la posibilidad de que en cualquier momento la Corte reponga legislación derogada. Eso está fuera de los alcances de la justicia. Así se consagra un antecedente de gravedad institucional”, consideró Martínez.
El hecho parece consumado, y la decisión de la Corte se impuso sobre la de otro poder del Estado como el legislativo, en un asunto que concierne a un organismo tan sensible como el que designa y remueve a los jueces que fallan sobre hechos que inciden en la vida cotidiana de las personas. La duda que se plantean desde el Frente de Todos es cuál es la motivación de fondo para no querer darle a un poder del Estado más tiempo para legislar.
¿Qué dice la última resolución de la Corte?
En una resolución firmada por 3 de sus 4 miembros, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dispuso que el Consejo de la Magistratura de la Nación debe continuar funcionando “de manera inmediata” y bajo la presidencia de Horacio Rosatti.
La resolución, firmada por Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda (Ricardo Lorenzetti no votó), se origina en otro fallo de la misma Corte, que declaró inconstitucional la composición del Consejo que rigió desde 2006, con 13 integrantes, de los cuales 6 provienen del Congreso y 1 del Ejecutivo. Esta proporción de representantes de los estamentos políticos, a criterio de la Corte, es inconstitucional.
Por eso, exhortó al Congreso a sancionar una nueva ley respetando el equilibrio de los distintos estamentos. En paralelo, le dio 120 días al Consejo para que disponga lo necesario para adaptar la integración del Consejo a lo que dispone la Ley 24.937, de 1998. Y el Consejo avanzó en esa línea: se eligieron 2 nuevas consejeras abogadas, una nueva consejera jueza y en las próximas horas se concretará la elección de un nuevo académico. Pero el Congreso no designó a sus 2 nuevos representantes.
El plazo de 120 días venció el viernes último. La Corte ya había aclarado que todo lo actuado por el Consejo en su composición inconstitucional después del 15 de abril sería nulo. Pero también había señalado que los nuevos consejeros debían asumir de forma simultánea y conjunta. Esto, sumado a la inacción del Parlamento en los nombramientos, vaticinaba un escenario de parálisis judicial.
El lunes pasado la Corte descartó ese escenario. En su resolución, dispuso que el Consejo “deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal” en diciembre último, “de modo que será presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los nuevos representantes que hayan sido elegidos o designados por sus respectivos estamentos asumirán sus cargos previo juramento de ley, el quórum será de 12 miembros y las comisiones deberán ser conformadas según lo establecido” por la ley de 1998.
El tribunal señaló que el Consejo “ha realizado en tiempo oportuno los actos necesarios” para concretar la nueva integración, y que el fallo de la Corte se limitó a que el Consejo “disponga lo necesario” para lograrlo, por lo que “corresponde tener por parcialmente cumplido lo resuelto”.
Respecto a la asunción conjunta y simultánea de los nuevos consejeros, la Corte aclaró: “Estaba prevista para la hipótesis de que la designación de tales consejeros ocurriese de manera escalonada antes del vencimiento del plazo señalado o de la sanción de una nueva ley y operaba como un reaseguro para evitar que alguno o algunos de ellos se incorporaran al cuerpo antes que otros y, de ese modo, se pudiese generar -eventualmente y en ese ínterin- un nuevo desequilibrio en su composición”.
Una vez vencido el plazo, resultaría inadmisible que la demora o incumplimiento legal de un estamento “pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional”, señaló la Corte. Si en los próximos días asumen los nuevos consejeros jueces, abogados y académicos, el Consejo contará con 18 integrantes, a la espera de los 2 nombramientos legislativos.
