La Empresa Provincial de la Energía dispuso una nueva actualización de su cuadro tarifario, que regirá para los consumos realizados a partir del 1° de abril.
La última actualización tarifaria de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que comenzó a correr para los consumos registrados a partir del 1° de abril, plantea que los usuarios residenciales pagarán sus facturas un 40% más caras si se las compara con las recibidas a finales de 2021. Este porcentaje representa bastante más que lo anunciado oficialmente en febrero, cuando el gobierno santafesino informó una “variación promedio” del 25%. La llegada de las primeras boletas encendió algunas alertas en los usuarios, que ya están siendo advertidas desde la Red Argentina de Consumidores.
Como explicó el periodista Juan Chiummiento en el diario La Capital, el gobierno provincial indicó el pasado 8 de febrero a través de un comunicado la sanción de la Resolución 80/22, que autorizó la actualización de los cuadros tarifarios solicitados por la distribuidora. Allí se consignó que se disponía “un porcentaje promedio del 25% respecto de las tarifas vigentes al 31 de diciembre de 2021”, a aplicarse en dos tramos: febrero y abril.
A mediados de marzo, Nación comunicó un nuevo incremento del precio de la generación de la energía, lo que -según explicaron desde EPE- significaba un aumento adicional del 7% para los usuarios santafesinos. De esta manera, el incremento esperado para abril debería rondar el 32%.
Sin embargo, la última actualización tarifaria de la EPE -aprobada el pasado 31 de marzo, a través de la Resolución 135/22- plantea que para el segmento residencial (que engloba a la mayoría de sus clientes) el aumento se ubica en torno al 40%. Este porcentaje surge de aplicar los valores vigentes según la normativa oficial de EPE en ambos períodos:
Cuadro tarifario vigente en diciembre de 2001 (Resolución 451/21):
Cuadro tarifario vigente actual (Resolución 135/22):
Para ponerlo en números concretos: si un hogar pagaba en diciembre $1.322,03 por un consumo de 200 kWh mensuales, a partir de abril pagará $1.852,19 (un incremento del 40,1%). A estos valores -que componen el Importe Básico- deben sumarse los distintos impuestos que terminan completando la factura.
Ahora bien, ¿cómo se explica que el gobierno haya hablado de una “variación promedio” del 25%, cuando en realidad ya estaba autorizado un aumento superior? Las autoridades echaron mano a una argucia comunicacional, que básicamente consistió en no ponderar los distintos segmentos a la hora de calcular el promedio.
Los más de 1,3 millones de usuarios de EPE no pagan el mismo tipo de tarifa. La mayoría de sus clientes residenciales abona las tarifas incluidas en las imágenes que ilustran esta nota (nomencladas con los códigos 1001, 1101, 1201, 1301, 1404, 1501 y 1601), mientras que un porcentaje minoritario pertenece a segmentos que gozan de distintos beneficios.
Cuando el gobierno provincial informó el aumento promedio, el cálculo se realizó como si todos los segmentos tuvieran la misma importancia relativa. Para poner un ejemplo muy burdo: si hay un segmento A que tiene un aumento del 100% y uno B que tiene uno del 0%, el promedio podría ser 50%. Pero si sobre el universo de usuarios, hay 9 “A” y 1 “B”, plantear que el promedio es 50% es ocultar parte de la verdad.
Desde la Red Argentina de Consumidores salieron a alertar sobre reiteradas demandas de usuarios de la EPE a raíz de los incrementos que vienen recibiendo en sus facturas. Seguramente esos reclamos se multiplicarán a partir en las próximas semanas, cuando lleguen los aumentos incluidos en la Resolución 135/22, que actualizó el cuadro tarifario desde principios de abril.
Las autoridades provinciales explican frente a estos argumentos que en la comunicación oficial se habló de un “tope máximo del 35%”. Si bien es cierto, la aclaración estaba incluida recién al final del comunicado -por lo que quedó solapada-. Además, su inclusión no justifica la utilización de la “variación promedio”, una figura que incluye una argucia comunicacional. Por otro lado, tampoco se aclaró en dicha comunicación oficial que la Resolución 80/22 -que autorizó los aumentos- incluyó una suerte de “cláusula gatillo”, donde se plantea que si para octubre la inflación acumulada supera el 35% se podrá aplicar un incremento adicional del 15%.
