La medida fue impulsada por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, con un “llamamiento a toda la sociedad” para advertir sobre la situación de “emergencia” que atraviesan las comunidades: territorios invadidos y mujeres violentadas.
Bajo el lema “Basta de terricidio”, el primer paro plurinacional de pueblos originarios se desarrolló en una fecha tan emblemática como el 12 de octubre, con movilizaciones y puntos de concentración en distintas ciudades del país. En Buenos Aires se marchó desde el Obelisco hasta el Congreso.
Además de la aprobación del proyecto para la creación de la Defensoría Territorial de Mujeres, los pedidos concretos al Estado argentino son la promulgación de la Ley de propiedad comunitaria indígena, la aplicación de un dispositivo “político, democrático y humano para detener todos los desalojos y operativos represivos contra los Pueblos Indígenas” y el cese de la criminalización sobre estas comunidades.
El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir ya había incrementando este año sus medidas de reclamo. En mayo último, representantes de las 36 comunidades originarias se movilizaron en caravana desde el norte y desde el sur para confluir en Casa Rosada y hacer llegar sus pedidos y proyectos. Les aseguraron que serían convocadas a una reunión, pero aún no ocurrió. “Ya pasaron muchos meses”, advierten.
Las luchas originarias se fusionan con luchas feministas y ambientalistas, ante violencias que afectan especialmente a mujeres pobres de sectores vulnerables. “Las mujeres argentinas, no sólo las indígenas, han cumplido un rol fundamental en esta organización. Estamos en un proceso donde la tierra, la Pacha, está demandando que la protejamos. Lo que está sucediendo es tremendo y ese rol lo estamos llevando las mujeres, las dadoras de la vida. Muchas de las que estamos en el Movimiento somos madres, abuelas, y eso nos impulsa a poder estar organizadas en la defensa de la vida”, expresa el documento que acompaña la medida.
También se explica que “el modelo económico basado en el extractivismo, monocultivo y agrotóxicos han acelerado e intensificado la muerte de los territorios. Los incendios intencionales sobre los bosques y humedales perpetrados por humanos “invisibles” que no han sido investigados por el Estado, han traído luz verde para el loteo y venta de las tierras en manos de negocios inmobiliarios y empresas mineras, sojeras y petroleras”.
“Han convertido el agua en un bien económico, privándonos de ella. Las empresas de monocultivo han desviado nuestras acequias y secado nuestros ríos. También nos invaden megaproyectos hidroeléctricos que se levantan como una amenaza voraz sobre la vida de los ríos. Sabemos que las empresas mineras y petroleras son las impulsoras de las represas”, denuncian en el documento.
Romina Arapeiz, de la Nación Charrúa e integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, expresó algunas de las razones por las que se movilizan esta semana: “Llamamos a este paro porque no hay acceso al agua en muchos territorios, siguen habiendo muchas violencias institucionales relacionadas al racismo y a la discriminación, y porque seguimos luchando con la campaña para la erradicación del chineo, que son las violaciones en grupo a niñas de comunidades por parte de personas criollas, blancas y con poder político”.
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