La iniciativa de los diputados Silvia Augsburger y Rubén Giustiniani establece una reparación económica para las niñas, niños y adolescentes, cuyas madres han sido víctimas de femicidio.
La legislatura santafesina aprobó el proyecto de la diputada Silvia Augsburger y el diputado Rubén Giustiniani, para que Santa Fe promueva y garantice el cumplimiento de la Ley Brisa, que a nivel nacional fue reglamentada en octubre del año pasado y prevé una reparación económica para las niñas, niños y adolescentes, cuyas madres han sido víctimas de femicidio.
A pesar de su entrada en vigencia, los requisitos para acceder al trámite suelen obstaculizar el acceso a este derecho y es por eso que desde Igualdad y Participación piden que el Estado santafesino promueva el cumplimento efectivo de esta reparación.
El proyecto plantea que el Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia y la Dirección Provincial de Políticas de Género, contribuya al efectivo cumplimiento del régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes establecido por Ley 27.452, conocida como Ley Brisa, asistiendo a las y los beneficiarios en la tramitación de la documentación requerida y en la gestión ante el ANSES. Asimismo establece que se realicen campañas de difusión respecto a este derecho y se incluya en la página web del gobierno provincial la información y los links oficiales para acceder a los formularios.
En nuestro país, en los últimos diez años, más de 3.500 niñas y niños se quedaron sin sus madres. La mayoría está al cuidado de familiares que ya tenían otros niños, con todas las consecuencias económicas y de impacto en la organización de la convivencia que ello significa.
La Ley 27.452, aprobada en julio del 2018, estableció el derecho de niñas, niños, adolescentes o jóvenes cuyo padre haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de femicidio contra su madre a percibir una reparación económica, equivalente a una jubilación mínima hasta que cumplan 21 años, y en el caso de tener alguna discapacidad, de por vida. Se llama “reparación” porque se entiende que el Estado es responsable de garantizar salud, educación, alimentación, y una vida digna. Además, muchas de estas mujeres ya habían denunciado a estos varones por violencia de género.
