El diputado provincial Joaquín Blanco volvió a presentar un proyecto de Ley que busca “asegurar el reconocimiento y pleno goce del ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico comunal, municipal, provincial, nacional y en los tratados internacionales firmados por el Estado Argentino, en las condiciones de su vigencia”.
Con el propósito de planificar políticas públicas concretas para abordar el fenómeno demográfico que señala un envejecimiento poblacional y el “aumento progresivo de personas mayores de 60 años” y, como medio para defender los derechos de las personas mayores y reconocerlas como un “recurso verdaderamente valioso para la sociedad”, el legislador socialista impulsa esta iniciativa que propone crear un Registro Único Provincial de Cuidadores; un Registro de Instituciones Públicas y Privadas; una Defensoría Provincial de Personas Mayores; el Servicio de Atención para Víctimas de abuso y maltrato; y Unidades Fiscales Especiales en el ámbito de Ministerio Público de la Acusación (MPA), para la investigación y persecución penal sobre denuncias de abuso y maltrato a personas mayores y todo tipo de delitos contra su patrimonio.
En el proyecto se indica que el Gobernador tendrá la facultad de determinar la autoridad de aplicación de esta Ley, pero advierte que todos los ministerios y áreas de gobierno serán responsables de proteger y promover los derechos de las personas mayores, trabajando en forma coordinada, a través de una Comisión Interministerial, en un marco de responsabilidad compartida de los niveles de gobierno nacional, provincial y municipal.
El Observatorio de Envejecimiento y Vejez será el organismo encargado de construir y aportar las estadísticas y la información necesarias para el diseño y la implementación de políticas, planes, programas y normas que propicien el “bienestar de toda la población”.
El proyecto del diputado Joaquín Blanco procura lograr una visión positiva del envejecimiento y la vejez, lo cual supone valorar el aporte de las personas mayores a la sociedad como “agentes de desarrollo, concebidos como sujetos que tienen un gran potencial de contribuir a la sociedad”. Ello implica “protegerlos del aislamiento y la exclusión social” y considerarlos como “participantes activos del desarrollo social y económico de nuestra sociedad”.
Además se incorpora “la obligación de tener en cuenta la perspectiva de género y el respeto de los derechos de las mujeres mayores” en el diseño e implementación de las políticas públicas, toda vez que reconoce que “el envejecimiento femenino es diferente al masculino”, lo cual, con frecuencia, conlleva un doble riesgo para las mujeres, derivado de su género y de su edad. Por lo tanto, lejos de ser una bonificación, estos años pueden caracterizarse por “enfermedad, pobreza, dependencia y soledad”.
La iniciativa propone, a través de la creación o la jerarquización de organismos públicos, el fortalecimiento de la nueva institucionalidad pretendida para la materia y que “las personas mayores puedan envejecer con seguridad, bienestar, libertad y ejercicio de la ciudadanía”.
