Desde el próximo 25 de marzo, la Justicia Federal tomará declaración indagatoria a 46 imputados por su presunta participación en el aparato represivo desplegado en esta ciudad santafesina desde el 20 de marzo de 1975 y continuada durante la última dictadura. Entre ellos, ex ejecutivos de Acindar.
Esta tarde se desarrolló en el Centro de Jubilados Metalúrgicos de Villa Constitución (la antigua sede sindical de la UOM) una audiencia abierta al público, convocada por el Concejo Municipal, para conocer la situación de la causa por crímenes de lesa humanidad conocida como “Villazo”, que investiga la represión ilegal iniciada el 20 de marzo de 1975 y que involucra a ex ejecutivos y ex gerentes de Acindar, miembros de la Triple A y la Juventud Sindical, además de policías y militares que participaron de la represión.
El encuentro, que fue celebrado a instancias de un proyecto presentado por el concejal Adolfo Araujo y aprobado por unanimidad, contó con la presencia de los fiscales Dr. Adolfo Villatte y Dr. Juan Patricio Murray, de la Unidad Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, quienes explicaron el camino recorrido en la Justicia Federal desde la presentación realizada hace dos años ante el Juez Dr. Marcelo Bailaque.
Entre los asistentes a la audiencia se encontraban numerosos protagonistas, familiares y víctimas del Terrorismo de Estado en Villa Constitución, junto a los máximos directivos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Villa Constitución, dirigentes políticos, sindicales y sociales, docentes e investigadores, vecinas y vecinos de nuestra ciudad.
“Es importante el apoyo de toda la sociedad de Villa Constitución en una causa que provoca mucho dolor, porque hacer reflotar las heridas nunca es gratuito, pero una sociedad que pretende progresar sin haber curado sus heridas, no crece sana”, consideró el fiscal Villate, .
Luego aclaró que hace dos años la Fiscalía había solicitado 103 declaraciones indagatorias, acto procesal en el que se formaliza la acusación de un delito. “No puedo precisar las razones por las que solo serán citadas 46 personas, excepto lógicamente por las que han fallecido en este período. Tampoco conocemos las razones de la demora para llegar a estas indagatorias”, manifestó.
Villate recordó que los pedidos de dichas indagatorias se hicieron con tres filtros: la existencia de testimonios; la existencia de causas judiciales en las cuales se labraron actas de procedimiento con contenido falso y que fueron refrendadas por funcionarios policiales; y la existencia en los legajos de referencias concretas de participación en la represión en Villa Constitución.
“Nosotros consideramos que había distintos argumentos de criterio que permitían afirmar la existencia de una connivencia entre ejecutivos de Acindar y los autores materiales de esa represión”, indicó el Fiscal, para luego recordar que la siderúrgica villense es una de las 25 empresas en todo el territorio nacional que han sido señaladas en el Informe de Responsabilidades Empresariales que elaboró una serie de organizaciones no gubernamentales.
“Hubo numerosos elementos determinantes que fueron evaluados para hacer esa afirmación sobre la connivencia de los ejecutivos de Acindar. El más notable, sin dudas, era la existencia de un centro clandestino de detención dentro de la planta, conocido como el albergue de solteros”, comentó.
También mencionó que las acciones represivas eran concretadas “en los domicilios que solamente estaban denunciados en los legajos del personal de la empresa; la circunstancia de que fueron registrados y allanados los casilleros de muchos trabajadores, además de la presencia de personal policial en el ingreso con listados de quienes debían ser secuestrados”.
Entre los elementos que derivaron en los pedidos de indagatoria se incluyó documentación que permitía comprobar el pago de sobresueldos a personal de la Policía Federal.
La participación de Acindar tiene otros indicadores que ya fueron señalados en numerosas oportunidades: en el período represivo iniciado el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución, el presidente del Directorio de la siderúrgica era José Martínez de Hoz, quien luego se desempeñó como uno de los ministros paradigmáticos de la dictadura cívico militar.
“Una dictadura que facilitó la conformación del duopolio Siderca – Acindar, que también nos remite a esa responsabilidad empresarial”, dijo Villate.
“También podemos preguntarnos si los mecanismos que se utilizan en la actualidad en nuestro país están cruzados por lo que sucedió hace 40 años”
Dr. adolfo villate, fiscal
El inicio de las indagatorias
“Para ninguna estructura judicial de las que conocemos es fácil trabajar este número de indagatorias. Por el volumen, preveíamos que se iba a demorar la decisión porque el número es una circunstancia que hace tambalear cualquier estructura. Pero dos años pasaron para obtener la decisión del Juez”, subrayó el fiscal.
“En ese período hubo numerosos pedidos para que se expidiera el Juez, hasta que el último día hábil de 2018 se presentó un pedido de pronto despacho, paso previo antes de una queja por retardo de justicia, por lo que recientemente se tomó una decisión, con un pronunciamiento que derivó en el llamado a indagatoria de 46 personas”, informó Villate.
En cuatro casos se ordenó la detención en la modalidad domiciliaria: los ejecutivos de Acindar, Pedro Ricardo Aznarez, Roberto Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo; además del miembro de Directorio, Juan Pedro Augusto Thibaud. Al resto solo le llegó la citación a indagatoria.
“Queda pendiente saber la razón por la cual no se dispuso el resto de las indagatorias. Algunas personas han fallecido, para las otras se analiza la estrategia a seguir porque el juez, extrañamente, no informó los motivos por los cuales rechaza estos pedidos de indagatoria”, lamentó Villate.
Las declaraciones indagatorias se empezarán a tomar el 25 de marzo, a razón de tres o cuatro por día, cerrando el ciclo el 16 de abril. “A partir de entonces correrá un plazo de 10 días para que se resuelva la situación procesal de las personas indagadas”, explicó el fiscal, en referencia a los tres caminos posibles: el procesamiento (si hay elementos suficientes), el sobreseimiento o el auto de falta de méritos, si el magistrado considera que debe recabarse mayor cantidad de elementos de prueba.
“Este es un buen paso adelante porque hemos logrado que se resuleva el pedido de indagatorias, es una cantidad importante, no sé si hay antecedentes de causas con esa cantidad de imputados en delitos de lesa humanidad”, dijo Villate en otro tramo de su intervención. “La causa está tomando cuerpo y comienza a recorren un camino hacia lo que puede ser un juicio oral”, añadió.
Finalmente sostuvo que lo ocurrido en Villa Constitución “no debe tratarse como hechos aislados de privación ilegítima de la libertad, torturas o asesinatos, sino que debe analizarse lo que sucedió en toda su profundidad, incluidas las motivaciones -ya sean económicas o políticas- y también pensar en esto como un anticipo de lo que sucedería durante la dictadura”.
“Hubo una represión masiva que, en estos términos, no se dio en ningún otro punto del país, no con esta magnitud. Por eso también tenemos que analizar su trascendencia en nuestro presente”, consideró.
“No debemos ver lo que sucedió en Villa Constitución como una fotografía sino como una película, como algo que nos modificó como sociedad y que tiene una trascendencia hasta el día de hoy, porque también podemos preguntarnos si los mecanismos que se utilizan en la actualidad en nuestro país están cruzados por lo que sucedió hace 40 años”, concluyó el fiscal Villate.
