El concejal Gonzalo Cristini impulsa la creación de una Comisión Investigadora para indagar sobre supuestos incumplimientos de las normas vigentes. Más de la mitad de las personas que entraron a trabajar en la Municipalidad en esta etapa tiene patologías preexistentes permanentes y el 12% directamente no es apto.
En un Proyecto de Ordenanza presentado el martes pasado, los concejales Gonzalo Cristini, Diego Martín y Mariel Lapontge proponen la conformación de una Comisión Investigadora sobre los ingresos de personal que fueron autorizados por la actual gestión municipal. Basados en un informe de la Dirección de Recursos Humanos, los ediles socialistas señalan que las incorporaciones a la planta permanente se habrían hecho “sin evaluación previa, algunos sin estar alfabetizados (no tienen la primaria), sin definir el puesto que deben ocupar y con patologías previas permanentes”.
La situación es muy grave, ya que el reporte oficial revela que, “en los últimos ingresos a planta, el 62% no terminó la primaria, más de la mitad tiene patologías preexistentes permanentes y el 12% directamente no es apto”.
Si este cuadro se confirma, el Municipio estaría incumpliendo el requisito constitucional y legal de idoneidad para el ingreso al empleo público, además de la ley 9.286 (Estatuto y Escalafón del personal de Municipio y Comunas) y el Decreto Nº 2.952/2002, donde se definieron compromisos destinados a mejorar el perfil de escolaridad de los empleados municipales en Villa Constitución, habiéndose logrado “en más de tres años de trabajo que prácticamente no quedaran personas que desempeñaran tareas en el Municipio que no estuvieren alfabetizadas”; manteniéndose dicha política hasta que en los últimos años comenzaron a efectuarse ingresos sin respetar ni el decreto mencionado (que permanece vigente, exigiendo la escolaridad primaria completa a todos los agentes municipales) ni la propia ley provincial.
“En función de la extrema gravedad de las problemáticas presentadas por el Director de Recursos Humanos, nosotros presentamos un Proyecto de Ordenanza para crear una Comisión Investigadora que indague las presuntas violaciones a las normas”, informaron los concejales. En caso de que la iniciativa se apruebe, el Intendente deberá ordenar a los funcionarios, jefes y empleados que cooperen y se pongan a disposición de ese órgano de control, cuyo funcionamiento está previsto en la Ley Orgánica de las Municipalidades.
