La presentación fue realizada ante la Fiscalía por los diputados radicales Maximiliano Pullaro y Fabián Bastía, acompañados de sus pares Sergio Basile, Silvana Di Stefano y Marcelo González. Afirman que se trata prácticamente de una adjudicación directa de un negocio millonario sin regulación alguna.
El Gobierno de Santa Fe autorizó a los concesionarios de los casinos de las ciudades de Santa Fe, Rosario y Melincué para que, en el marco de sus respectivos contratos públicos, instrumenten, implementen, operen y exploten los juegos de azar a través de la modalidad online o virtual. La operatoria aparece como poco transparente y con visos de escándalo; ya que de acuerdo a los legisladores, esto configura un claro exceso en las potestades de la administración. También constituyen conductas con apariencia delictiva a tenor del artículo 248 del Código Penal, por lo que decidieron presentar la denuncia ante la Justicia para que se inicie una investigación.
“El juego online en la provincia es ilegal. El decreto que firmó el gobernador Perotti otorga una explotación millonaria por 15 años a 3 empresas y se firmó de manera oscura, a espaldas de la sociedad”, señaló Pullaro.
Por su parte, Bastía puntualizó que “la investigación fiscal se llevará adelante y veremos hasta quien llega. No cabe duda que hay responsabilidad del Estado y el representante es el gobernador y el ministro que ha firmado. Lógicamente la repartición que lo lleva adelante es la Lotería y es por eso que vamos a pedir que su titular, se presente en Diputados”.
Los denunciantes observan que la modalidad de apuestas online no está autorizada en la provincia actualmente y la permisividad por parte del gobierno de Omar Perotti, viola las condiciones en las que se establecieron los pliegos licitatorios y los objetivos de esas condiciones.
El criterio territorial tenido en cuenta en la Ley al momento de seleccionarse los lugares, con la consiguiente prohibición de trasladar el asiento de las salas de juego y de captar apuestas fuera de dicha jurisdicción físicamente delimitada; queda desvirtuado ante lo que podría considerarse una adjudicación directa de un sistema millonario prácticamente sin regulación a partir de esta actitud del Ejecutivo. También viola el objeto de la autorización legal, que es el de insertar los casinos en el contexto físico de otros emprendimientos, como hoteles de nivel internacional, salas de convenciones, paseos comerciales, conformando un verdadero polo turístico y de desarrollo económico y urbano. Este objetivo de política legislativa, que en buena medida fundamenta la autorización misma de la actividad, resulta totalmente ajeno al negocio de las apuestas online.
“Otras provincias en la Argentina han regulado el juego on line de manera correcta, con beneficios para el Estado. Acá el gobernador sacó un decreto a matacaballo de manera espuria, oscuro y llamativamente, en el mismo momento las empresas beneficiadas comenzaron a operar. Definitivamente esto no está bien y por eso pedimos a la Justicia que lo investigue”, remarcó el presidente del Bloque UCR.
“La denuncia penal es por la posible comisión de un hecho ilícito, que nosotros creemos que existe, fundado en el artículo 248, abuso de poder y en el 301 del Código Penal, juego ilegal”, señaló Bastía.
En la denuncia presentada, Pullaro y Bastía estimaron que no se trata de una actividad “complementaria” o “accesoria” del juego presencial, sino de una actividad distinta, por lo tanto, equivale a una nueva concesión sin marco legal que la autorice. Además, establecieron que resulta imposible la fijación de un canon, ya que, en la actual legislación este, está atado a la inversión en infraestructura y al tiempo de la concesión dependiendo la localización. Ambas cosas son imposibles de establecer en la actual situación. No cumple el marco de la regulación que por jurisdicción corresponde y por lo tanto queda en el plano de la ilegalidad.
“No hace falta comprobar que atrás de una concesión ilegal se esconde un negociado o un hecho de corrupción (cuestión que, por supuesto, tampoco se puede descartar de plano). Son los funcionarios quienes deben actuar de forma tal que no den lugar a legítimas sospechas, y esas solas inconductas poseen relevancia jurídico-penal suficiente como para, mínimamente, iniciar la correspondiente investigación penal preparatoria”, reza la denuncia y finaliza: “Solicitamos a la señora Fiscal Jefa, o a quien en su defecto intervenga, que nos tenga por presentados y domiciliados, tenga por formulada denuncia penal, proceda a abrir la correspondiente investigación penal preparatoria y tenga presente los elementos probatorios ofrecidos”.
