Los trabajadores levantaron la toma tras un acuerdo parcial por los sueldos adeudados. El sindicato exige que la empresa salde la deuda de tres meses y las indemnizaciones de los 89 despedidos para garantizar la paz social.
La toma de la planta de Gentec y Plantium en Villa Constitución llegó a su fin este lunes, pero el conflicto está lejos de resolverse. Tras una extensa audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo en Rosario, los trabajadores aceptaron retirarse de las instalaciones, aunque dejaron una advertencia clara sobre la mesa: la fábrica no podrá retomar su producción normal hasta que la empresa cumpla con el pago total de los sueldos atrasados y las indemnizaciones de los 89 despedidos.
La decisión de desocupar el predio se tomó luego de que la patronal formalizara una propuesta que se sometió a la votación de la asamblea. El acuerdo incluye el pago de 1.300.000 pesos en concepto de salarios caídos, que se depositarán entre las 24 y 48 horas posteriores a la firma del acta. A esto se suman 200.000 pesos a abonar el 21 de diciembre y dos bonos de compra en la proveeduría, de 500.000 pesos por trabajador para los meses de noviembre y diciembre.
Desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) fueron claros al remarcar que esta suma representa apenas un pago a cuenta de una deuda mucho mayor. Fulvio Monti, secretario general del gremio, explicó que el reclamo original abarcaba la recomposición de tres meses completos de sueldos que la empresa mantiene impagos, además de las liquidaciones finales por los despidos. “Esto no nos satisface para nada, pero antes de irnos sin nada, por lo menos se logró algo”, sostuvo el dirigente, quien advirtió que permanecer dentro de la fábrica podría haber acarreado consecuencias penales.
El futuro de la firma y el doble camino legal
El escenario financiero de Gentec sigue siendo crítico. La empresa sostiene que no cuenta con los fondos para afrontar las indemnizaciones, cuyo plazo legal vence este jueves. Frente a esta situación, el gremio anticipó que si no se realizan los pagos, el Ministerio de Trabajo podría intervenir de oficio con una conciliación obligatoria. En paralelo, el sindicato avanza con su propio camino legal para asesorar y acompañar a los despedidos en sus reclamos individuales.
La expectativa de la firma está puesta en el ámbito nacional. Durante la audiencia, los directivos mencionaron que están gestionando ante el Banco Nación una refinanciación de la deuda a 10 años y un plan de moratoria con la AFIP, con la esperanza de obtener un alivio financiero y poder retomar las ventas al exterior. Sin embargo, desde el gremio miran estas promesas con escepticismo.
Monti fue categórico respecto al futuro de la planta: si la empresa quiere volver a producir, primero debe garantizar la paz social. “Nadie está en contra de la empresa, lo que más quisiéramos es que siga trabajando y que cumpla. Pero antes tiene que dar una opción para que los 89 despedidos vuelvan o cobren lo que corresponde”, concluyó.
Las partes volverán a encontrarse el viernes 13 de noviembre en el Ministerio para evaluar los avances de los pagos y el destino de los trabajadores.
