El Cuadro de Resultados enviado al Concejo Municipal muestra un agujero financiero del 45,5%. El intendente aplicó un nuevo incremento del 17,1% en las tasas con vigencia desde julio, mientras la inversión en obra pública cayó a su nivel más bajo en el semestre.
El Departamento Ejecutivo Municipal remitió este lunes al Concejo Municipal el Cuadro de Resultados correspondiente al mes de junio de 2026, y los números encendieron todas las alarmas. El gobierno local cerró el sexto mes del año con un déficit operativo de $1.283 millones, lo que representa el 45,5% del total de los recursos recaudados.
El informe, elaborado por la Dirección de Finanzas y Presupuestos, revela que los ingresos corrientes totalizaron $2.820 millones, mientras que las erogaciones corrientes alcanzaron los $4.103 millones. El resultado total, incluyendo gastos de capital, arrojó un déficit de $1.384 millones, es decir, el 49% de los recursos del mes.
El documento oficial señala una de las causas de esta desviación: “Impacto SAC lo que produce un incremento de las partidas”, en referencia al Sueldo Anual Complementario (medio aguinaldo) que se abona en junio. Sin embargo, el dato revela una estructura de gasto corriente que volvió insostenible para la capacidad recaudatoria del municipio.
El total de erogaciones del mes ascendió a $4.205 millones, de los cuales $4.103 millones corresponden a gastos corrientes (sueldos, servicios, insumos, etcétera) y apenas $101 millones a gastos de capital (obra pública, maquinaria, infraestructura). La inversión en construcciones sobre bienes de dominio público y privado apenas superó los $58 millones combinados.
Obra pública estancada
El análisis acumulado de enero a junio de 2026 muestra que el área de Obras y Servicios Públicos, la de mayor presupuesto del municipio, ejecutó solo el 34% de los $20.993 millones asignados para todo el año. La cifra es aún más baja en Ordenamiento Territorial, que apenas alcanza el 31,8% de ejecución presupuestaria.
En contraste, el área de Finanzas y Administración ya ejecutó el 41,6% de su presupuesto anual, y Salud y Desarrollo Humano alcanza el 43,6%. Estos números reflejan una administración que prioriza el gasto burocrático y asistencial por sobre la inversión en infraestructura, en una ciudad que atraviesa la crisis laboral más profunda de su historia reciente.
El aumento de tasas: la respuesta de Berti al déficit
Como informamos días atrás, el intendente Jorge Berti firmó el pasado 16 de julio el Decreto N° 3259, que establece un nuevo incremento del 17,1% en la Tasa General de Inmuebles y la Tasa Sanitaria, con vigencia desde el 1° de julio. Se trata del segundo aumento en lo que va del año, tras el 25% aplicado en marzo.
El decreto se fundamenta en la fórmula polinómica autorizada por la Ordenanza Impositiva N° 5365/25, que quedó vigente luego de que el Concejo Municipal rechazara el proyecto de ordenanza para 2026. Sin embargo, el propio decreto reconoce que el cálculo de la fórmula arrojó un incremento que supera el Índice de Precios al Consumidor publicado por el IPEC para el mismo período.
Con estos números en la mano, la pregunta que surge es inevitable: ¿el agujero financiero de junio justifica un nuevo ajuste sobre los hombros de las familias villenses, que ya soportan la tasa de desempleo más alta del país?
Un déficit que se viene arrastrando
Los datos de junio no son un hecho aislado. El déficit operativo recurrente ya había sido señalado en meses anteriores, y la propia administración municipal reconoce que “se siguen evaluando las partidas y sus clasificaciones que así lo requieren”, según consta en la nota de remisión al Concejo.
Pero mientras el gasto corriente se dispara y la obra pública se congela, los vecinos de Villa Constitución pagan las consecuencias. El aumento acumulado del año supera el 46% (25% en marzo + 17,1% en julio, aplicados de forma acumulativa), muy por encima de la inflación registrada en el mismo período.
El Concejo, sin herramientas para frenar el ajuste
El Cuadro de Resultados fue enviado al Concejo Municipal para su evaluación, pero los ediles no tienen margen de acción sobre la decisión del intendente. La ordenanza tributaria del año pasado, que sigue vigente tras el fracaso del debate legislativo de 2026, le otorga al Departamento Ejecutivo la facultad de aplicar la fórmula polinómica sin necesidad de aprobación previa del cuerpo deliberativo.
El papelón institucional de principios de año, cuando el Concejo no logró consensuar ningún dictamen y el proyecto de ordenanza quedó rechazado, dejó a los vecinos sin representación efectiva y al intendente con las manos libres para seguir ajustando.
Mientras tanto, el déficit de caja de junio fue de $1.326 millones, un 46,1% de los recursos totales. La cuenta no cierra, y la administración Berti eligió que la paguen los vecinos.
