Cristian Horton expuso en Diputados los reparos del sector cooperativo a su inclusión en la «Ley Hojarasca»

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El presidente de la Cooperativa de Trabajo “Cooperar 7 de Mayo” de Villa Constitución y titular de FECOOTRA, participó de la reunión urgente de la Comisión de Cooperativas y Mutuales. Ante el reclamo unánime, el oficialismo desistió de incluir la derogación de la Ley 11.380 en el paquete legislativo.

El sector cooperativo argentino movilizó sus fuerzas para hacerse oír en el Congreso Nacional. Este martes, la Comisión de Cooperativas y Mutuales de la Cámara de Diputados se reunió en forma urgente a raíz de la intención del oficialismo de incluir, dentro del paquete de la denominada “Ley Hojarasca”, la derogación de la Ley N° 11.380, una norma que resulta clave para el funcionamiento económico de numerosas cooperativas en todo el país.

En representación del sector de las cooperativas de trabajo, participó de la reunión Cristian Horton, presidente de “Cooperar 7 de Mayo” de Villa Constitución y también presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA). Horton expuso ante los legisladores los graves perjuicios que la derogación de la Ley 11.380 generaría en las entidades cooperativas, muchas de las cuales ya atraviesan un contexto económico adverso.

La mencionada norma, cuyo articulado beneficia a las cooperativas en materia impositiva y operativa, es considerada por el sector como una herramienta esencial para la sostenibilidad de miles de emprendimientos asociativos en todo el país. Su derogación, tal como estaba prevista en el proyecto original de la “Ley Hojarasca”, implicaría un impacto negativo significativo en la economía de las cooperativas, especialmente en las más pequeñas y en aquellas que operan en sectores de alta competencia.

Según explicaron los referentes del sector durante la reunión, la ley permite a las cooperativas acceder a regímenes diferenciales que facilitan su desarrollo y contribuyen a la generación de empleo genuino. Sin la protección de la Ley 11.380, muchas entidades verían comprometida su viabilidad económica, lo que pondría en riesgo miles de puestos de trabajo en todo el país.

Reclamo unánime y definición del oficialismo

Durante el encuentro, cada referente de las distintas entidades cooperativas expuso cómo afectaría la derogación de la ley a sus respectivos rubros. Hubo una gran diversidad de sectores representados, desde grandes cooperativas hasta pequeñas entidades de base, pero la preocupación fue unánime.

Hacia el final de la reunión, el diputado vicepresidente de la Comisión por La Libertad Avanza informó a los presentes que el oficialismo había decidido desistir de incluir la derogación de la Ley 11.380 dentro del paquete de la “Ley Hojarasca”, atendiendo así el reclamo del sector cooperativo.

“Nos afectaría muy significativamente”

En diálogo con nuestro medio, Cristian Horton compartió su preocupación por la iniciativa original y celebró la decisión de excluir la derogación. El dirigente villense explicó que la comisión había sido convocada “en forma urgente” debido a que se pretendía aprobar la “Ley Hojarasca” “en forma express a paquete cerrado”, una medida que, advirtió, “afecta al sector cooperativo”.

El presidente de FECOOTRA también detalló el trabajo previo que realizaron desde su federación junto a Conarcoop y la Confederación Cooperar, donde “nos distribuimos tareas para trabajar el tema desde cada lugar”. Según relató, en la reunión de la comisión “cada referente de entidades planteó cómo afectaría esto económicamente a las cooperativas”, con una “gran diversidad de rubros presentes, desde grandes a pequeñas entidades”.

Un respiro para el sector

La decisión del oficialismo de dar marcha atrás con la derogación de la Ley N° 11.380 fue recibida con alivio por las organizaciones cooperativas, que ahora esperan que el resto del articulado de la “Ley Hojarasca” no contenga otras sorpresas desfavorables para el sector.

Por lo pronto, la movilización y el trabajo articulado de las entidades cooperativas de todo el país lograron frenar una medida que consideraban lesiva para sus intereses y para la economía social en su conjunto.