La iniciativa fue elaborada en conjunto con la Comisión de Discapacidad de ATE/CTA-A Nacional y busca que las empresas destinen parte de sus fondos de Responsabilidad Social Empresaria al desarrollo del deporte para personas con discapacidad.
Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley que crea el Sistema de Promoción y Financiamiento del Deporte Adaptado, Inclusivo y Paralímpico, una iniciativa que busca establecer un marco regulatorio para el financiamiento y el desarrollo de actividades deportivas destinadas a personas con discapacidad. La propuesta fue elaborada en conjunto con la Comisión de Discapacidad de ATE/CTA-A Nacional y cuenta con la firma de los diputados Carlos Castagneto, Jorge Mukdise, Fernanda Díaz, Natalia Zaracho y Agustín Rossi, entre otros.
El proyecto define tres categorías deportivas: el deporte adaptado, que implica modificaciones en reglas, material o terreno para permitir la participación de personas con discapacidad; el deporte inclusivo, practicado conjuntamente por personas con y sin discapacidad con fines recreativos y de socialización; y el deporte paralímpico, de alto rendimiento bajo las reglas del Comité Paralímpico Internacional.
La iniciativa establece que las empresas que desarrollen programas de Responsabilidad Social Empresaria deberán destinar al menos el 20 por ciento del monto anual asignado a esas acciones al financiamiento de proyectos, acciones o iniciativas vinculadas al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico. Los recursos podrán ser utilizados para infraestructura, equipamiento, capacitación, becas deportivas y accesibilidad, entre otros fines.
Beneficiarios y aportantes
Podrán ser beneficiarias del sistema las asociaciones civiles, clubes, entidades deportivas y sociedades de fomento que desarrollen actividades vinculadas al deporte adaptado de manera continua y sostenida durante al menos dos años, y que cuenten con la participación activa de personas con discapacidad. Quedan excluidas aquellas entidades que desarrollen estas actividades de manera ocasional o en una única disciplina sin carácter regular.
En tanto, serán aportantes obligatorias las empresas del sector privado que desarrollen actividades en el territorio nacional, incluidas aquellas vinculadas a la venta de bienes deportivos, la prestación de servicios en espacios deportivos y plataformas digitales que comercialicen productos o servicios relacionados con el deporte.
Transparencia y control
La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Deporte de la Nación, que tendrá a su cargo la implementación, supervisión y control del sistema. Las empresas deberán llevar un registro sistematizado de los aportes realizados, que deberá incorporarse a sus balances sociales. El incumplimiento de las obligaciones previstas dará lugar a sanciones que podrán incluir la suspensión o pérdida de los beneficios establecidos.
El proyecto también establece que las entidades alcanzadas deberán garantizar, en toda comunicación institucional vinculada a las actividades comprendidas, el respeto de los principios de no discriminación y trato digno, adecuando el lenguaje conforme a los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Los diputados firmantes destacaron en los fundamentos de la iniciativa que el deporte adaptado, inclusivo y paralímpico ha tenido un crecimiento exponencial en Argentina, con logros destacados en competencias nacionales e internacionales, y que el Estado debe acompañar ese desarrollo con políticas públicas que garanticen el acceso a recursos y apoyos específicos. Asimismo, señalaron que la propuesta busca ordenar y eficientizar la administración de los aportes de capital social empresario, que ya venían gestionándose de manera dispersa, y direccionarlos de forma sistematizada y transparente hacia las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad.
