Este miércoles comenzó en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario un juicio oral y público considerado histórico por organizaciones ambientalistas, en el que se juzga a productores agropecuarios, fumigadores y exfuncionarios municipales de Pergamino por delitos ambientales. La causa, iniciada en 2018, investiga las consecuencias de la aplicación de agrotóxicos en zonas urbanas y periurbanas de esa ciudad.
El tribunal, integrado por los jueces Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodrígues Da Cruz, escuchará a más de un centenar de testigos a lo largo de al menos dos semanas. La fiscalía está a cargo de Federico Reynares Solari, mientras que la querella particular la ejercen Sabrina Ortiz y María Alejandra Bianco.
Entre los diez imputados se encuentran dos exfuncionarios municipales, acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y varios productores y aplicadores.
La causa se sustenta en más de 70 historias clínicas y un extenso relevamiento de testimonios recopilados desde 2011, que vinculan enfermedades graves e incluso fallecimientos con la exposición a los agroquímicos. Muchos de los denunciantes originales no lograron ver el inicio del juicio.
Una figura central del proceso es Sabrina Ortiz, vecina de Pergamino que impulsó la causa tras sufrir graves consecuencias en su salud y la de su familia. Ortiz relató haber perdido un embarazo avanzado, sufrido dos accidentes cerebrovasculares y detectado en sus hijos niveles de agrotóxicos 120 veces superiores a los permitidos. Durante la investigación, denunció haber sido víctima de amenazas e intimidaciones, incluido un episodio en el que un imputado habría disparado contra su perro.
El juicio también examina el rol del Estado local, acusando a los funcionarios de omitir los controles necesarios para proteger la salud y el ambiente. Como resultado de estas acciones, la distancia de exclusión para fumigaciones en Pergamino se estableció posteriormente en 1.095 metros.
Organizaciones como Paren de Fumigar y Naturaleza de Derechos calificaron el proceso como un “juicio histórico” que aborda integralmente los impactos del modelo agroindustrial. Entienden que el fallo podría sentar un precedente fundamental para la regulación de las aplicaciones de agroquímicos en zonas pobladas de la región pampeana.
