El cuarto integrante del grupo que intentó asesinar a un hombre de 77 años durante un violento robo en febrero de 2023 en barrio Luzuriaga, Villa Constitución, recibió su condena. El Juez de Primera Instancia, Dr. Ignacio Vacca, homologó un procedimiento abreviado y condenó a Gian Franco Acosta a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por su responsabilidad como coautor de robo calificado y tentativa de homicidio calificado.
La resolución, emitida el martes pasado, confirma la participación de Acosta en el hecho ocurrido los días 15 y 16 de febrero de 2023 en una vivienda de calle Almirón al 4900. Según la acusación del fiscal Ramiro Martínez, el ataque fue meticulosamente planeado. Una de las mujeres del grupo, María Lozco, contactó previamente a la víctima, simuló un vínculo afectivo y logró ingresar a su casa. Una vez dentro, dio aviso al resto de los cómplices: Jésica Cuello, Mayco R. y Gian Franco Acosta.
Reunidos en el domicilio, los acusados revisaron la vivienda, seleccionaron objetos de valor y atacaron al jubilado con extrema violencia. La víctima fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente y luego apuñalada en el hombro derecho y en el cuello, con la clara intención de causarle la muerte para asegurar la impunidad del robo. Los agresores abandonaron el lugar creyendo que había fallecido, pero el hombre fue hallado con vida horas más tarde por un vecino, sobreviviendo tras una cirugía de urgencia y una extensa internación.
Cierre de un proceso judicial escalonado
La condena a Acosta se suma a las sentencias ya firmes contra sus tres cómplices, cerrando así el capítulo judicial de este caso que conmocionó a la ciudad. Anteriormente, y mediante el mismo mecanismo de procedimiento abreviado, el juez Vacca había condenado el 10 de diciembre de 2025 a María Lozco y Jésica Cuello a 10 años de prisión efectiva cada una.
Pocos días después, el 30 de diciembre, el tribunal integrado por la jueza Mariel Minetti condenó a Mayco R. a 10 años y 6 meses de prisión tras un juicio oral. Las investigaciones, lideradas inicialmente por la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la fiscal Analía Saravalli, lograron desarticular a este grupo oriundo de Cruz Alta, Córdoba, que operaba bajo la modalidad de contactar a hombres mayores que vivían solos, ganar su confianza, robarlos y luego intentar asesinarlos para eliminar testigos.
Con la sentencia de Acosta, la Justicia de Villa Constitución da por concluido el procesamiento de los cuatro coautores de un hecho de extrema violencia que puso en evidencia la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población y la gravedad de los delitos cometidos en banda y con premeditación.
