La audiencia de este viernes reveló un mosaico de evidencia y responsabilidades diferenciadas, que ahora deberán ser investigadas en detalle por la Fiscalía para avanzar en la posibilidad de llevar el caso a un Juicio Oral.
Con una contundente declaración final del juez de Primera Instancia, Dr. Eugenio Romanini, este viernes se desarrolló en el Tribunal Provincial de Villa Constitución la audiencia imputativa por los graves episodios de maltrato y violencia física y psicológica en el Jardín Maternal “Manitos a la Obra”. Seis mujeres –tres titulares del establecimiento y tres auxiliares– fueron imputadas por el delito de “lesiones leves dolosas” (artículo 89 del Código Penal) y quedaron sujetas a un régimen de medidas cautelares no privativas de la libertad por 90 días. La investigación, que ya cuenta con nueve denuncias formalizadas y espera sumar cuatro más, profundiza en un sistema de abusos que habría imperado durante meses en un espacio que debía ser de protección.
En una exposición detallada, el fiscal Dr. Ramiro Martínez fundamentó la imputación sobre la base de un corpus probatorio que incluye videos, audios, denuncias en el CTD y actas oficiales de entrevistas en la Fiscalía. Según se mencionó, entre abril y diciembre de 2025 se sucedieron al menos nueve hechos de violencia dentro del inmueble ubicado en Dorrego al 2400.
La calificación legal recayó sobre las seis imputadas, pero con roles diferenciados. A cuatro de ellas (las tres propietarias con título docente y una auxiliar) se las considera autoras de actos de violencia física y psicológica –desde zamarreos y gritos hasta burlas del llanto de los menores– que causaron menoscabo físico y emocional en los niños y las niñas. A las otras dos auxiliares se las imputa bajo la figura de comisión por omisión: se les atribuye haber presenciado los maltratos y no haber realizado la denuncia inmediata, a pesar de estar en una posición funcional de cuidado.
Un dato crucial aportado por el fiscal revela el origen de las pruebas más contundentes: una de las auxiliares imputadas por omisión fue quien grabó los videos y aportó los audios que luego se viralizaron. Según su relato, lo hizo para reunir pruebas tras notar “actitudes raras” después de las vacaciones de invierno, e incluso consultó a un familiar que trabaja en el Municipio (ente habilitante del jardín), quien le habría sugerido reunir evidencia. Sin embargo, nunca formalizó una denuncia en ese momento.
“Nunca hicieron nada para que eso dejara de suceder”, remarcó el fiscal Martínez, quien destacó que las auxiliares recién se presentaron a declarar el 15 de enero, dos días después de que el escándalo estallara públicamente. Esta demora, según los padres, permitió que los episodios continuaran.
La decisión del Juez
Tras escuchar a la fiscalía y a los defensores –algunos de los cuales cuestionaron la imputación por omisión, argumentando posibles vicios de inconstitucionalidad, lo que fue desestimado en esta etapa–, el juez Romanini tomó la palabra. En un tono claro y pedagógico, explicó que en esta fase inicial solo se evalúa la probabilidad de autoría, la cual encontró suficientemente acreditada por la “coincidencia de las nueve denuncias”, la “pluralidad de hechos” y la existencia de material audiovisual con “expresiones verbales humillantes, intimidantes y denigrantes”.
“En otra etapa se deberá esclarecer la entidad exacta de las lesiones y los maltratos psicológicos”, aclaró, pero el cúmulo de evidencia lo llevó a dictar medidas cautelares. Con el foco en garantizar el proceso y proteger a las víctimas, dispuso para las seis imputadas:
- Prohibición de contacto con los niños damnificados y sus familias.
- Prohibición de salida del país.
- Obligación de fijar domicilio verificable.
- Pago de una fianza de 500.000 pesos.
- Firma periódica cada 15 días en la Oficina de Gestión Judicial (o en la Comisaría, en el caso de una imputada con domicilio en San Nicolás).
- Prohibición de estar a cargo de grupos de niños, niñas o adolescentes.
Estas reglas de conducta, alternativas a la prisión preventiva, tendrán una vigencia inicial de 90 días, prorrogables. El juez también hizo lugar al pedido de peritaje de los teléfonos celulares secuestrados en allanamientos recientes.
El dolor de las familias
El caso, que llevó a la clausura preventiva del Jardín Maternal por parte de la Municipalidad, deja al descubierto fallas múltiples. Por un lado, la violencia ejercida por las educadoras en un lugar de supuesta contención. Por otro, la omisión de las auxiliares que, aún alertadas, no activaron los mecanismos formales a tiempo. Y en tercer lugar, una respuesta desde el ámbito municipal que, según los datos de la causa, se limitó a sugerir la recolección de pruebas en octubre sin avanzar en una inspección o denuncia formal que pudiera haber detenido los hechos.
En este contexto de vulnerabilidad sistémica, las expresiones del juez Romanini en la audiencia cobran un peso particular. Al explicar los fundamentos de las medidas cautelares, el magistrado fue contundente: “Un Jardín Maternal debe ser un lugar donde se cuide a los niños. No debe generar temor y mucho menos quebrar la confianza de los padres ni de la sociedad. Cuando hay bebés, no hay hechos menores”. Esta frase, pronunciada desde el estrado, sintetizó la gravedad que la Justicia atribuye a los episodios ocurridos en un ámbito de cuidado institucional, independientemente de la calificación legal específica que se discuta en el proceso.
Mientras la investigación avanza –a la espera de que las pericias telefónicas aporten más luz sobre la dinámica de los hechos–, las familias de los niños identificados intentan reparar el daño. Para ellos, la frase del juez no fue solo un fundamento jurídico, sino un reconocimiento público a la gravedad de lo sufrido y a la validez de su lucha por justicia.
