Los concejales Diego Martín y Francisco Bracalenti, del bloque “Unidos para Cambiar Santa Fe”, presentaron dos proyectos legislativos que apuntan a reforzar la transparencia y la integridad en la gestión pública municipal. Estas iniciativas concretan uno de los ejes de trabajo anunciados por Martín al asumir su banca y buscan dar respuestas a lo que los ediles consideran déficits en el cumplimiento de la normativa vigente.
El primer proyecto es una minuta de comunicación dirigida al Departamento Ejecutivo, que exige el “estricto, pleno y efectivo cumplimiento” de la Ordenanza N° 4923 de Acceso a la Información Pública. El texto advierte que la mera publicación de resoluciones en el Boletín Oficial es insuficiente y reclama la adecuación y actualización de la plataforma digital municipal, para garantizar una publicidad activa, exhaustiva y accesible de toda la información obligatoria, como estructuras orgánicas, nóminas de funcionarios y mecanismos de participación ciudadana.
En paralelo, presentaron un proyecto de ordenanza para establecer un régimen integral de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública Municipal”. La propuesta, que se alinea con normas nacionales, provinciales y tratados internacionales, busca actualizar y hacer cumplir un marco local que, según sostienen, fue ignorado por el Ejecutivo.
La iniciativa define principios rectores como la honestidad, probidad y transparencia, y establece una serie de deberes concretos para todos los agentes municipales. Entre sus puntos más destacados, se encuentra la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales y de intereses –de carácter público– para intendente, concejales y funcionarios de jerarquía. Además, propone la creación de un “Sistema Municipal de Denuncias Éticas” que garantice el anonimato y protección contra represalias para los denunciantes.
Un artículo de particular relevancia es el que establece una “limitación post-función”, que impediría a ex secretarios y directores trabajar durante un año en empresas privadas que hayan estado bajo su órbita o hayan contratado con el municipio durante su gestión, salvo autorización expresa.
Estos dos proyectos marcan la agenda legislativa inicial del bloque y responden, según explican sus promotores, a la necesidad de “dotar de claridad operativa” a la normativa y “fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, en sintonía con los principios de integridad y transparencia activa consagrados en la reforma constitucional provincial de 2025.
