El autor del libro “Villazo. La gran gesta obrera en Villa Constitución”, considera que el fallo que absolvió a todos los imputados tiene una clara connotación política y clasista.
El reciente fallo del Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario que absolvió a todod los imputados por los crímenes cometidos durante la represión de 1975 en Villa Constitución generó un profundo rechazo entre víctimas, familiares y organismos de derechos humanos. La decisión judicial, que dejó impune el accionar de las fuerzas policiales, militares y civiles vinculadas a la empresa Acindar, fue calificada como “un retroceso histórico” en la búsqueda de justicia por los delitos cometidos antes y durante la última dictadura militar.
El fallo desconoció, además, que en el albergue de solteros de Acindar funcionara un centro clandestino de detención, a pesar de los testimonios de más de cien personas que declararon en la causa y las pruebas presentadas por las querellas y el Ministerio Público Fiscal.
Para Octavio Crivaro, sociólogo, dirigente del PTS en la provincia de Santa Fe y autor del libro “Villazo. La gran gesta obrera en Villa Constitución”, el fallo tiene una clara connotación política y clasista. “La condena —sostuvo— tiene un fuerte contenido de clase. Es evidente que esos jueces se encuentran en los mismos clubes y country que los gerentes de las grandes empresas. En un momento donde la clase dominante está tan empoderada, era imperdonable que se condenara a dos directivos de una multinacional como Acindar. Este fallo muestra que el poder judicial se alinea con ese poder económico y político que siempre intentó disciplinar al movimiento obrero”, expresó.
Crivaro recordó que el Villazo fue “una de las gestas obreras más importantes del siglo XX”, protagonizada por los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución, quienes en 1974 lograron recuperar su sindicato de manos de la burocracia sindical de la UOM y organizar una conducción combativa, democrática y clasista. “Ese proceso —explicó— fue un desafío al Pacto Social del gobierno de Isabel Perón y a la política de congelamiento de salarios. La respuesta fue una represión feroz: Serpiente Roja del Paraná fue un operativo con más de 4.000 efectivos de distintas fuerzas que irrumpieron en la ciudad el 20 de marzo de 1975, secuestrando y torturando a decenas de trabajadores y militantes”.
El dirigente subrayó que la represión contra el Villazo “ocurrió durante un gobierno constitucional, pero con métodos de la dictadura”, y recordó que “Acindar jugó un papel central, colaborando con las fuerzas represivas, facilitando listas de trabajadores y prestando instalaciones donde funcionó un centro clandestino”. El propio presidente del directorio de la empresa en ese momento, José Alfredo Martínez de Hoz, se convirtió meses después en el ministro de Economía de la dictadura de Videla, consolidando así la conexión entre la represión a los trabajadores y el modelo económico que se impondría en el país.
“Hubo un enorme mérito de los familiares y de los organismos de derechos humanos, como la APDH, al lograr que esos gerentes y policías se sentaran en el banquillo de los acusados”, sostuvo Crivaro. “Pero la justicia, nuevamente, les da la espalda a las víctimas. Ningún gobierno desde 1983 hasta hoy se animó a avanzar a fondo sobre la responsabilidad civil y empresarial en los crímenes del terrorismo de Estado. Este fallo lo demuestra con claridad: hay complicidades que siguen vigentes”.
Tras conocerse el veredicto, la indignación se trasladó a las calles. En Villa Constitución, familiares, sobrevivientes y organizaciones sociales realizaron una reunión el sábado pasado en la plaza principal para definir acciones de repudio y exigir que la sentencia sea revertida.
Los fundamentos del fallo se conocerán el 6 de febrero, fecha a partir de la cual las querellas podrán presentar sus apelaciones ante la Cámara Federal de Casación Penal.
