Detectaron consumos millonarios, propiedades de lujo subsidiadas y hasta usuarios fallecidos. El Estado cubrió montos millonarios en casos irregulares. “No vamos a vacilar en llevarlos ante la Justicia”, advirtió la presidenta de la empresa.
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) inició una profunda depuración del padrón de beneficiarios de la tarifa social y detectó más de 15.000 casos con irregularidades que podrían constituir fraude al Estado. Según anunció la presidenta del Directorio, Anahí Rodríguez, todos ellos serán denunciados ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). La funcionaria aseguró que los responsables enfrentan posibles consecuencias judiciales, además de la pérdida del beneficio.
Entre las anomalías encontradas figuran usuarios fallecidos, propiedades en barrios de alto poder adquisitivo, viviendas en alquiler y locales comerciales que figuraban como beneficiarios. Además, se identificaron personas inscriptas como contribuyentes de IVA y Ganancias que no deberían acceder al subsidio. En algunos casos, se trataba de jubilados que ya no vivían en los domicilios donde se aplicaba la tarifa subsidiada.
Los ejemplos difundidos por la EPE reflejan la magnitud del problema. En Funes, un usuario con tarifa social consumió 3.000 kW y pagó solo $17.584 sobre una factura de $720.000, lo que obligó al Estado a cubrir más de $700.000. En otro caso, en un barrio residencial, un usuario pagó poco más de un millón de pesos mientras que el Estado absorbió otros $448.000. Solo en abril, se detectaron 13 usuarios con consumos superiores a 5.000 kW, que implicaron un gasto estatal de más de $4,6 millones.
Rodríguez explicó que muchas de estas situaciones fueron posibles por el mecanismo de otorgamiento de la tarifa social, que se basa en declaraciones juradas y manifestaciones patrimoniales. “Estamos hablando de ingresos públicos, de una magnitud muy grande de recursos. No vamos a vacilar en los procesos administrativos o judiciales que correspondan”, afirmó. Además, indicó que los controles se vienen intensificando desde hace 18 meses, y que en los últimos tiempos se puso el foco específicamente en este beneficio.
La EPE remarcó que la tarifa social está pensada para hogares de bajos ingresos y que su objetivo es garantizar el acceso a la energía. En ese sentido, el gobierno provincial busca optimizar la asignación de recursos y asegurar justicia distributiva. “El esfuerzo de los santafesinos no puede financiar privilegios ni abusos”, concluyó la presidenta de la empresa, y anticipó que en los próximos días se intensificarán las auditorías para asegurar que el beneficio llegue únicamente a quienes realmente lo necesitan.
