El Departamento Ejecutivo Municipal de Villa Constitución, a través de la Dirección de Ambiente y Espacios Públicos, respondió formalmente al reclamo presentado por vecinos y organizaciones ambientales respecto a la tala de ocho árboles en el Parque Deportivo y Recreativo CILSA. La documentación, ingresada el miércoles pasado por la mesa de entradas del Concejo Municipal, detalla los motivos técnicos y administrativos que llevaron a la extracción de los ejemplares, así como las medidas de reparación ambiental exigidas por ley.
Según los informes intercambiados entre las áreas municipales, la solicitud inicial partió del nuevo concesionario del Complejo de Canchas de Tenis, Juan Pablo Machado, que el 10 de junio pasado solicitó a la Dirección de Ambiente la extracción de los árboles debido al “deterioro actual” causado por sus raíces en el suelo y el sistema de riego de las canchas. La Dirección de Planificación y Ejecución de Proyectos respaldó el pedido el 12 de junio, señalando que las raíces afectaban “notablemente” la infraestructura, aunque aclaró que los árboles del perímetro no presentaban inconvenientes.
Ese mismo día, la directora de Ambiente, Ing. Julieta Soria, autorizó la tala de los ocho ejemplares —resaltando que no eran nativos—, junto con podas aéreas y desmalezamiento. La resolución exigía además el cumplimiento de la Ley del Árbol N° 13-836, que establece políticas de conservación ambiental. Como medida compensatoria, se ordenó la provisión de 80 árboles nativos para su plantación en el predio CILSA u otros espacios públicos, además de requerir que los trabajos fueran realizados por personal certificado.
En su comunicación al Concejo Municipal, la Dirección de Ambiente remitió estos informes como respuesta al reclamo de los vecinos, aunque sin incluir detalles sobre el cronograma de reposición forestal ni el estudio de impacto ambiental exigido por los ciudadanos. Cabe recordar, además, que los firmantes de la nota de reclamo insisten en que la reposición no compensa la pérdida de ejemplares históricos y exigen mayor participación ciudadana en decisiones ambientales.
El Concejo Municipal, que sigue en receso hasta el mes de agosto, aún debe pronunciarse sobre la adecuación de las medidas a las normativas vigentes y las demandas de los vecinos. Mientras tanto, el caso sigue generando debate sobre el equilibrio entre el desarrollo urbano y la preservación ambiental en la ciudad.
