La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. Se trata de un nuevo fallo en el marco de la causa iniciada por el fondo Burford Capital, por la que el Estado argentino ya fue condenado a pagar más de 16 mil millones de dólares. La resolución aún puede ser apelada, pero establece un plazo de 15 días para ejecutar la transferencia.
El fondo Burford había solicitado esta medida en abril de 2024, tras años de litigio. El fallo indica que las acciones clase D de YPF deben ser transferidas a una cuenta en el Bank of New York Mellon y luego cedidas a los demandantes o a quienes estos designen. El CEO de Latin Advisors, Sebastián Maril, explicó que esto coloca a la petrolera estatal bajo una amenaza latente de cambio de control, aunque advirtió que el proceso de apelación puede demorar hasta un año y medio.
La decisión generó impacto inmediato: las acciones de YPF cayeron un 7% en Wall Street. Desde el Gobierno argentino, anticiparon que se apelará el fallo y consideraron que es “un ataque directo al accionar de Axel Kicillof”, quien lideró la expropiación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Voces del oficialismo también recordaron que para entregar esas acciones sería necesario un aval del Congreso, algo que hoy parece inviable.
Preska argumentó que desde 2012 el Estado argentino controla las decisiones empresariales de YPF a través de su participación mayoritaria. En su resolución, detalla que la República vota para designar autoridades y aprobar iniciativas clave de la compañía, lo que demuestra, según la jueza, una apropiación sin compensación adecuada a los antiguos accionistas.
En 2023, el propio Departamento de Estado de EE.UU., durante la gestión de Joe Biden, había solicitado que no se conceda este pedido del fondo buitre por considerar que violaba normas de inmunidad soberana. A través de un escrito firmado por el fiscal Damian Williams, la administración estadounidense había advertido que obligar a Argentina a transferir acciones sobre bienes soberanos asentados en su territorio podía ser una intromisión inadmisible.
Ahora, la Corte deberá resolver si acepta la apelación argentina, y en ese marco podría suspender los efectos de la medida hasta tanto haya una decisión definitiva. Mientras tanto, YPF y el Gobierno quedan bajo presión para negociar, algo que, hasta ahora, la Argentina evitó hacer de manera directa con Burford Capital.
