En el marco de la crisis desatada por los tarifazos impulsados por el gobierno nacional, que han cuadruplicado el peso del gasto en servicios públicos esenciales en los ingresos de un hogar medio (del 6% en 2015 a 26% a fines de 2018), este material, además de exigir la inmediata declaración de la emergencia tarifaria, reclama el necesario replanteo integral de la problemática energética nacional.
Para Claudio Lozano, Coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, “este replanteo supone refundar el sector energético en orden a garantizar la disponibilidad, la accesibilidad, la protección del ambiente, la mayor eficiencia y la diversificación de la matriz energética hacia fuentes renovables.
Este objetivo exige terminar con la regulación privatista del sistema que, puesta en marcha en los 90, se ha mantenido hasta la actualidad promoviendo el comportamiento rentístico del sector y su control por un reducido número de agentes económicos. Regulación sostenida en normas que promueven la dolarización y la mercantilización del sector.
El camino a dicho objetivo exige realizar una auditoría integral de los balances de las empresas de luz y gas desde la declaración de emergencia económica de comienzos de 2002 hasta la actualidad. (Es decir, abarcar todo el período de Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner y hasta hoy), tarifazos mediante, para profundizar sobre las obras que se hubieran hecho o no con la montaña de subsidios recibidos, entre otras cuestiones. Durante el período kirchnerista se volcaron más de 25.000 millones de dólares en subsidios a las empresas energéticas, mientras que en tan sólo dos años de tarifazos –2016-2017–, la transferencia de toda la población a ese selecto grupo de privilegiadas, orilló los 16.000 millones de dólares. Esa es la magnitud de la estafa, con ganancias exorbitantes de las empresas que nadie explica, y con las mismas deficiencias del servicio que se profundizan desde fines de los 90. Estafa que, en tanto se explicite, permitirá rescindir contratos y avanzar con mayor presencia pública en el sistema.
Resulta imprescindible que el sistema energético salga de la anarquía provocada por la segmentación de actividades resultantes del proceso privatizador, en orden a recobrar un sistema energético integrado con unidad de planificación y dirección, con esquemas centralizados de políticas estratégicas de mediano y largo plazo.
Otro de los ejes fundamentales es la rediscusión del esquema de precios de los hidrocarburos, cuestión que exige recuperar el rol de YPF como empresa testigo en el sector. Proceso en el cual habrá que impulsar la pesificación de todos los contratos y tarifas en línea con el hecho objetivo de que Argentina es productor de petróleo y gas natural, y por lo tanto no tiene por qué subordinarse a los costos de oportunidad asociados a la lógica de importación y exportación de las empresas trasnacionales.
De la mano de esta discusión corresponde declarar a los hidrocarburos como bien estratégico de la Nación y de las provincias argentinas. De modo tal que deben suprimirse las políticas exportadoras, al tiempo que se desarrollen reservas en función de las necesidades de abastecimiento interno.
Un capítulo particular merece el caso Vaca Muerta, transformado hoy en el nuevo El Dorado que permitiría transformar al país en exportador de gas no convencional. Al igual que con Loma de la Lata en las décadas pasadas parece tenderse a repetir experiencias ultraextractivistas ya fracasadas. En este sentido se propone incorporar a Vaca Muerta como un activo estratégico en el marco de una planificación de mediano y largo plazo que recupere horizontes de inversión en las cuencas tradicionales de gas y petróleo, que han sido abandonadas por la presente administración para lanzarse a una aventura extractiva con las reglas de corto plazo que imprimen los grandes actores multinacionales.
Tenemos que recuperar una visión equilibrada del sector respecto a la relevancia de Vaca Muerta frente a las cuencas Marina Austral, la del Golfo de San Jorge y las potenciales riquezas de nuestro Mar Argentino y nuestra plataforma continental. Afirmamos esto, ya que sobre estos territorios terrestres y marítimos se ciernen los objetivos geopolíticos de Estados Unidos, China y el Reino Unido.
Por último, poner el foco en la diversificación paulatina del sistema energético, con la incorporación de fuentes renovables que permitan reducir la dependencia de los recursos hidrocarburíferos.
En suma, se trata de recuperar el “control público del sistema energético nacional”, abriéndole la puerta a procesos de nacionalización de los servicios públicos esenciales, con esquemas abiertos de participación de usuarios y trabajadores que redunden en la consolidación de nuevas tipologías empresarias”.
Gustavo Lahoud. Investigador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Redeco.com.ar.
