Seis agentes de la Brigada Motorizada de la policía santafesina fueron imputados por corrupción en el marco de investigaciones de microtráfico. Entre los delitos que se les atribuyen se encuentran el cobro de coimas, la extorsión, la falsificación de procedimientos y la privación ilegítima de la libertad de al menos dos personas. Una médica policial también fue imputada por encubrimiento.
Según la acusación de los fiscales Karina Bartocci y Pablo Socca, los efectivos utilizaron información proporcionada por una vendedora de drogas del barrio Parque Casas para extorsionar a un hombre que comercializaba armas de fuego. A cambio de no detenerlo, le exigieron dinero y, posteriormente, intentaron seguir extorsionándolo con la amenaza de encarcelarlo. Además, plantaron drogas a un consumidor y lo golpearon, generando su detención durante 17 días.
Coimas y procedimientos irregulares
Parte de los hechos investigados ocurrieron en noviembre de 2024, cuando los agentes Lucila Aylen Bellizzi (21), Dylan Ezequiel Pérez (23), Rodrigo Tomás Ramírez (23), Ricardo Font (27), Marcelo Borovachi (26) y Jesús Soria (31) interceptaron a dos personas que llevaban armas de fuego. A una de ellas, Rubén «Rana» Gusmaroli, le permitieron seguir libre a cambio de un pago de dos millones de pesos. La información para emboscarlo fue proporcionada por Sandra Álvarez, una vendedora de drogas del barrio, quien también fue imputada por cohecho pasivo.
Más tarde, los policías intentaron seguir obteniendo dinero de Gusmaroli, exigiéndole 20 millones de pesos bajo amenaza de denunciarlo. Finalmente, tanto él como Álvarez fueron detenidos e imputados.
Drogas plantadas y detenciones ilegales
Otro episodio tuvo lugar el 27 de enero de 2025, cuando los mismos policías interceptaron a un hombre en la zona de Superí y Cavia y lo presionaron para que brindara información. Al negarse, lo golpearon y, posteriormente, Bellizzi sacó dos bolsas de cocaína de su chaleco y las plantó en la escena. Luego, lo detuvieron y lo imputaron por narcomenudeo, dejando constancia de datos falsos en el acta del procedimiento.
En esa misma jornada, los efectivos trasladaron a Graciela González a la comisaría 10ª, haciéndole creer que debía declarar como testigo, cuando en realidad querían imputarla por tenencia de drogas. Tanto ella como el hombre al que se le plantó cocaína fueron encarcelados hasta que, tras 17 días, se archivó la causa por falta de pruebas.
Acusaciones y posibles condenas
Los policías fueron imputados por falsedad ideológica, cohecho pasivo, omisión de persecución penal, privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y falso testimonio agravado. La médica policial Mara Romano, en tanto, fue acusada de encubrimiento agravado y falsedad ideológica por haber alterado el informe médico del detenido para ocultar las lesiones provocadas por los apremios.
El juez Hernán Postma ordenó un cuarto intermedio y el próximo martes se definirá si los imputados continúan detenidos bajo prisión preventiva.
