El Hospital SAMCo de Villa Constitución inició una acción de amparo contra el Municipio de Villa Constitución y el Concejo Municipal, cuestionando la constitucionalidad de la Ordenanza Nº 5337/2024, que crea la denominada “Unidad de Gestión de Salud y Bien Público”. El proyecto, impulsado por el concejal Nicolás Rubicini, del bloque Unión por la Patria, desató una controversia de alcance institucional que afecta directamente la gestión del intendente Jorge Berti.
La ordenanza, sancionada el pasado 21 de agosto y promulgada por el Departamento Ejecutivo Municipal, establece que esta Unidad de Gestión, coordinada por los secretarios de Salud Preventiva y Desarrollo Humano y de Finanzas y Administración del Municipio, será responsable de la distribución de los fondos destinados al Hospital SAMCo. Dichos recursos provienen de la Tasa General de Inmuebles (TGI) y el recargo por terrenos y/o inmuebles ociosos, con un 10% de la recaudación asignado como contribución hospitalaria.
El amparo judicial promovido por el Hospital SAMCo denuncia que la ordenanza viola la Ley Provincial Nº 6312/1967 y su decreto reglamentario, que establecen que la fiscalización y control de los fondos del sistema SAMCo son competencias exclusivas del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y del propio hospital. “La norma local se arroga facultades que no le corresponden, alterando el marco legal vigente y atentando contra la autonomía del SAMCo”, señala el texto judicial.
Argumentos legales y consecuencias
El documento presentado por el patrocinante legal del hospital, Dr. Leandro Lambertucci, en representación del interventor Dr. Níver Alejandro Moreyra, sostiene que la ordenanza genera un “daño latente” al establecer un organismo local con potestad para fiscalizar y decidir sobre la inversión de los fondos del SAMCo. Este planteo se agrava con la convocatoria realizada el pasado 4 de diciembre por el Secretario de Salud Preventiva y Desarrollo Humano, Gonzalo Guagnini, para iniciar las actividades de la Unidad de Gestión, acción que el hospital considera irregular.
Cabe destacar que Guagnini también es asesor letrado del Municipio, lo que refuerza la responsabilidad de la administración local en la supuesta transgresión legal.
El amparo solicita al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2º Nominación de Villa Constitución que declare la inconstitucionalidad de la ordenanza, aludiendo “arbitrariedad irrazonable”, “exceso legal manifiesto” y “abierta inconstitucionalidad”. Además, como medida innovativa, solicita la suspensión de los efectos de la normativa y que se mantengan los aportes regulares del Municipio al SAMCo conforme a la ordenanza tributaria vigente.
Una aprobación controversial
El proyecto, elaborado por Rubicini, fue aprobado con el apoyo de su compañera de bancada y de los ediles de los bloques Inspirar y PRO, totalizando cuatro votos. La normativa se sancionó por mayoría gracias al doble voto de Rubicini como Presidente del Concejo, pese a las advertencias de los concejales de Unidos para Cambiar Santa Fe, quienes calificaron la medida de “invasiva e imprudente”.
El interventor del SAMCo señala que la ordenanza contradice los principios de autonomía y funcionamiento del sistema SAMCo, que depende exclusivamente del Ministerio de Salud provincial. Actualmente, el hospital se encuentra intervenido por la provincia, lo que refuerza su carácter de ente público provincial y no municipal.
Impacto político y administrativo
La controversia generó un fuerte impacto en el ámbito político local. Mientras que el concejal Rubicini defendió en reiteradas oportunidades la ordenanza como una herramienta para “garantizar el uso adecuado de los fondos públicos”, los sectores críticos acusan a la administración de Berti de intentar politizar la gestión hospitalaria.
En el trasfondo, la acción de amparo pone en evidencia la tensa relación entre el Municipio y el Hospital, y abre un debate sobre los límites de las competencias locales frente a las provinciales. El desenlace judicial será clave para determinar el alcance de la normativa local y su posible derogación, así como para evitar futuros conflictos institucionales.
Por lo pronto, el SAMCo continuará con su reclamo para garantizar la autonomía de sus funciones y la correcta administración de sus recursos, en un contexto que exige transparencia y respeto por los marcos legales establecidos.
