A un año de la entrada en vigencia de la Ley 14.239, que transfirió al ámbito provincial la competencia penal sobre microtráfico de estupefacientes, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) presentó un informe que destaca los avances alcanzados en la lucha contra este fenómeno criminal.
La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, resaltó que “el abordaje del microtráfico es uno de nuestros objetivos priorizados por su relación con los casos de violencia extrema”. Entre los principales resultados se incluyen la investigación de 5.700 personas, la imputación de 833 y la condena de 100, junto con la autorización judicial para la demolición de más de 45 búnkeres en toda la provincia.
Desde el 29 de diciembre de 2023, cuando la Legislatura provincial aprobó la ley de desfederalización parcial, el MPA asumió la responsabilidad de investigar los casos de comercialización minorista de drogas. En este primer año, el organismo concretó 500 allanamientos y participó en 900 audiencias judiciales. Según Vranicich, estas acciones han impactado positivamente en la reducción de los índices de violencia, especialmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe.
“La nueva ley nos permitió abordar el fenómeno criminal de manera integral, lo que ha generado un impacto directo en la pacificación de barrios históricamente cooptados por la violencia extrema”, afirmó la Fiscal General.
Un trabajo articulado
El MPA conformó un Equipo de Trabajo sobre Microtráfico, liderado por la Fiscal Coordinadora Carla Cerliani, junto a los fiscales Diego Vigo y Franco Carbone (ex secretario de la Fiscalía de Villa Constitución), entre otros especialistas. Este equipo trabaja de manera conjunta con las cinco Fiscalías Regionales de la provincia y en coordinación con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, gobiernos locales, provincial y nacional.
“Evitar la atomización de esfuerzos y diseñar estrategias de coordinación ha sido clave para mejorar los resultados obtenidos”, subrayó Vranicich, quien destacó la importancia de no criminalizar a sectores vulnerables, como mujeres y personas con consumo problemático de sustancias.
Además de su efecto operativo, la demolición de 45 búnkeres tuvo un fuerte impacto simbólico, permitiendo recuperar el control y la tranquilidad de los barrios. Estas acciones forman parte de un enfoque integral para devolver la paz social a las comunidades más afectadas.
Compromiso con la ciudadanía
En el informe, el MPA reafirma su compromiso de seguir priorizando el combate al microtráfico, entendiendo que este fenómeno no solo está vinculado a la violencia extrema, sino que también afecta directamente la vida cotidiana de los ciudadanos.
