Villa Constitución: masajista recibe condena de 23 años por abusos sexuales

Villa Constitución

Este viernes se condenó al masajista Valentín Benítez a 23 años de prisión efectiva por delitos de abuso sexual cometidos contra cinco víctimas. Entre ellas, se encuentran dos adolescentes que acudieron a su consultorio en busca de tratamientos terapéuticos.

El Tribunal Pluripersonal de Primera Instancia, integrado por los jueces Dres. Strólogo, Romanini y Pangrazi, resolvió imponer la pena tras el juicio oral impulsado por la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción.

Benítez, de 57 años de edad, fue hallado culpable de una serie de abusos sexuales perpetrados entre 2012 y 2023. Según se probó en el juicio, el condenado abusó sexualmente de una mujer mayor de edad en tres oportunidades durante el mes de octubre de 2023, configurándose el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Además, se estableció que, entre 2022 y 2023, abusó de dos adolescentes de 17 años mediante tocamientos reiterados, lo que se encuadró como abuso sexual simple en un número indeterminado de veces. También se le atribuyó haber abusado de otra mujer mayor de edad en 2022, y de otra víctima en múltiples ocasiones entre diciembre de 2012 y septiembre de 2015. Este último caso fue calificado como abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal en un número indeterminado de veces.

Los hechos ocurrieron en el consultorio del masajista, donde las víctimas acudían en busca de tratamientos terapéuticos. Según sostuvo la fiscal del caso, Dra. Analía Saravalli, Benítez aprovechó su posición de confianza y la vulnerabilidad de las víctimas para cometer los abusos.

Durante el juicio, las víctimas relataron de manera coincidente el modus operandi del acusado y las graves secuelas emocionales y psicológicas que los abusos dejaron en sus vidas. Estas declaraciones fueron fundamentales para el dictado de la sentencia, ya que demostraron un patrón de conducta del condenado.

La querella, representada por las abogadas Juliana Tagliatti y Celina Ponti, del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), había solicitado una pena de 25 años, al igual que la fiscal Saravalli. Por su parte, la defensa intentó argumentar en favor de una pena mínima, sin éxito.