¿Qué ocurre cuando el deseo de ‘liberar’ a una nación del peso del Estado se convierte en su propio desmantelamiento? La gestión de Javier Milei encarna esta paradoja. Al buscar ‘liberar’ a Argentina del peso del Estado, se arriesga a desmantelar las estructuras que pueden sustentar la vida social y económica del país. Lejos de ser una revolución, su propuesta se asemeja a un cascarón vacío, que deja a la ciudadanía a la deriva en un mar de incertidumbre. A primera vista, su propuesta puede parecer revolucionaria. Sin embargo, bajo la superficie, hay una ausencia estructural: una política que no es ni gestión ni planificación. Es, más bien, la sombra de un Estado ausente que se desvanece como un espejismo en el desierto.
Desde la perspectiva de la corriente neo-institucionalista en la Ciencia Política, esta “no política” representa la negación de las bases fundamentales del desarrollo estatal. Algunos teóricos de esta corriente sostienen que la eficiencia gubernamental está intrínsecamente ligada a la calidad de las instituciones y a las reglas que las estructuran. Sin embargo, Milei ha emprendido una cruzada para desmantelar estas capacidades. No lo hace con una visión a largo plazo; más bien, actúa con la ceguera de un Leviatán que, habiendo perdido su brújula, nada en círculos antes de hundirse en el abismo.
El desmantelamiento de las capacidades estatales
El Estado argentino se está dirigiendo hacia un proceso de autodestrucción progresiva. Estamos dejando atrás un Leviatán fuerte y disfuncional, resultado de décadas de populismo, para reemplazarlo por uno que carece de rendición de cuentas. Este nuevo Estado no impone orden, no provee bienes públicos, ni es transparente. Por ejemplo, se quisieron destinar 100 mil millones de pesos a fondos reservados para la SIDE bajo la gestión de Milei, más allá de que estos fondos luego fueron vetados por el Congreso Nacional.
El vaciamiento estructural del Estado se manifiesta en múltiples niveles y formas. Hay una desprofesionalización en diversas áreas, evidenciada por nombramientos de amigos y familiares en empresas públicas y organismos descentralizados, como ha investigado Tenembaum. También se observa una sobre-ideologización en tareas técnicas, como en el caso de la Cancillería. Además, se han visto insultos y desprestigios hacia la investidura presidencial, recordando situaciones anteriores con figuras como CFK (“Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro”, expresó el Presidente.”) y Pichetto.
Finalmente, dos elementos centrales son los DNU y los vetos, herramientas excepcionales en nuestra democracia. El presidente las utiliza de manera habitual, vetando leyes como la de financiamiento universitario y emitiendo DNU para nombramientos de amigos y para leyes, cuya urgencia es al menos discutible, tal es el caso del cambio de nombre del ex “CCK”.
Por otro lado, las capacidades estatales se ven reducidas, a su mínima expresión, como es el caso de la obra pública, tan importante y multiplicadora para la producción, que fue cancelada al 100%, tarea que fue absorbida, en algunos casos, por las propias provincias. También las tareas de CyT fueron abandonadas, y nuevamente tomadas por los gobiernos provinciales. La última ejemplificación que quiero dar es referida a los programas nacionales de salud y prevención, como fue el desamparo de políticas públicas de prevención de dengue, campaña desertada por el gobierno nacional, y nuevamente, tomada por gobiernos locales.
El Estado se vanagloria de su ausencia, pero en realidad ha dejado a sus ciudadanos a la deriva en un mar de incertidumbre. Este fenómeno, desde la perspectiva de Daron Acemoglu y James A. Robinson en “Por qué fracasan los países” (2012), describe una transición peligrosa hacia instituciones (y corporaciones) extractivas. En este contexto, una élite se beneficia a costa del deterioro generalizado del resto de la sociedad. En estas instituciones, las barreras de entrada para acceder a recursos y servicios esenciales se multiplican, alejando aún más a la ciudadanía de la participación económica y social.
Por el contrario, según Acemoglu, las instituciones inclusivas aseguran el imperio de la ley, los derechos de propiedad y el acceso a la educación y a los bienes públicos. Son estas instituciones las que impulsan el progreso de las naciones y protegen la cohesión social. Sin embargo, en Argentina, bajo la dirección de Milei, estas instituciones están siendo sustituidas por una estructura vacía, que se asemeja a un barco que naufraga sin rumbo. No se trata del Estado mínimo que algunos consideran ideal; es un Estado desarticulado, carente de dirección, donde los derechos de propiedad se vuelven inseguros y los bienes públicos escasean.
El Nobel 2024 y la relevancia de las instituciones
El Premio Nobel de Economía 2024, otorgado a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, llega en un momento oportuno para evidenciar lo que Argentina está perdiendo bajo esta gestión. Sus estudios refuerzan la idea de que las instituciones inclusivas son el pilar fundamental sobre el cual se construye la prosperidad a mediano y largo plazo. Lejos de ser un detalle técnico, las instituciones son el andamiaje invisible que sostiene el crecimiento económico y social. Su destrucción, como la que presenciamos hoy en Argentina, significa socavar el futuro de la nación por minúsculas recompensas inmediatas, al mejor estilo de un adicto.
Han demostrado que los países con instituciones fuertes y participativas logran generar prosperidad, mientras que aquellos que permiten la concentración de poder en unas pocas manos, mediante instituciones extractivas, tienden al estancamiento o, peor aún, al retroceso. Lo que Milei está destruyendo no es solo el presente, sino las bases sobre las cuales podría edificarse un futuro más equitativo y próspero. Un estado sin instituciones es como un jardín sin raíces: se marchita sin remedio, incapaz de florecer.
Un eco de advertencia
Francis Fukuyama, en “El fin de la historia y el último hombre” (1992), planteó que el progreso de las sociedades liberales se basa en el desarrollo de instituciones fuertes y democráticas. Sin embargo, bajo la administración actual, observamos una regresión que desafía este avance histórico. Fukuyama sostenía que el “fin de la historia” se alcanzaría cuando las democracias liberales consolidaran sus instituciones, pero el experimento de Milei parece llevar a Argentina hacia un retroceso institucional. En lugar de avanzar hacia una mayor inclusión y desarrollo, el país se sumerge en una etapa de inestabilidad, marcada por la fragmentación de su aparato estatal y la incapacidad de generar soluciones efectivas.
La comparación es ineludible: lo que Milei está destruyendo es aquello que Fukuyama consideró el culmen de una evolución política hacia la estabilidad y el progreso. La “NO política” de Milei representa, en este sentido, un retorno al caos, una negación de las lecciones aprendidas de crisis pasadas.
Algunos argumentarán que este gobierno es más respetuoso de las instituciones liberales que los anteriores, y en parte tienen razón. Sin embargo, es crucial señalar que es posible tener un gobierno que, siendo liberal en lo económico, también sea plenamente republicano e institucionalista, como demuestra la experiencia de 2015 a 2019, aún con sus límites y lunares.
La alternativa: la eficiencia estatal
Es posible gestionar el estado con eficiencia, sin destruir las instituciones que sostienen su funcionamiento y creando puentes para articular lo público con lo privado. A oposición del escenario nacional, existe un modelo de gestión inclusivo, donde las capacidades estatales se fortalecen y los recursos se administran de forma racional, generando cuentas claras, ordenadas y bienes públicos de calidad, se puede.
El Estado no debe ser un enemigo de la ciudadanía, sino un puente hacia el progreso, propiciando un sistema en el que las instituciones no se destruyen, sino que se potencian para generar resultados palpables para todos. Este contraste entre la destrucción institucional de Milei y un modelo de gobierno inclusivo, eficiente y para todos, demuestra que la clave del éxito no reside en reducir el Estado a la nada, sino en utilizar sus recursos con inteligencia, reforzando aquellas instituciones que son el pilar del desarrollo y la prosperidad.
Lo que tenemos por delante
La política de Milei, o más bien su “no política”, es un ataque directo a las bases institucionales del país. En lugar de consolidar el estado, lo está desmantelando pieza por pieza, erosionando las capacidades que podrían garantizar el desarrollo económico y social de Argentina a largo plazo. Como lo han señalado Acemoglu, Johnson y Robinson, sin instituciones inclusivas, el futuro de un país se ve comprometido. La gestión eficiente no implica la destrucción, sino el fortalecimiento de las capacidades estatales. Y mientras exista la alternativa de gobierno eficientes e inclusivos, el país sigue a la deriva bajo un liderazgo que parece más dispuesto a destruir que a construir.
La gestión de Milei no solo amenaza con desmantelar el presente, sino que también pone en riesgo el futuro de Argentina. ¿Es este el camino que queremos seguir?
