Teníamos miedo de que el COVID llegara a Argentina y el 3 de marzo tuvimos el primer caso confirmado en el país. A medida que iban aumentando los casos y observando las experiencias Chinas y sobre todo de países europeos como Italia y España, nuestro temor de la expansión del virus fronteras adentro (ya para el 11 de marzo había sido declarado como pandemia por la OMS) comenzó con medidas sanitarias de acatamiento voluntario, para encontrarnos escuchando al Presidente anunciar el día 19 de marzo a la noche, en cadena nacional, el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). En principio, destinado a durar hasta el 31 del mismo mes.
Sabíamos que había casos circulando en nuestro territorio y que muchos argentinos que se encontraban en el exterior -habiendo estado expuestos y por ende pudiendo estar infectados- también deberían volver al país, por lo que la finalidad inicial era detectar todos esos casos para poner especial énfasis en aislar a esos infectados, tratarlos de la manera correspondiente para velar por su salud, y fundamentalmente evitar la propagación de casos autóctonos que disparen la curva de contagios y sobredemanden a los sistemas de salud de cada una de las provincias, elevando así el número de muertes.
Desde esta óptica, el establecimiento del ASPO fue una medida correcta, ya que cumplió efectivamente con sus objetivos. A la fecha, luego de cinco extensiones, sigue vigente; en principio hasta el 7 de junio.
Hay que agregar también que desde el 11 de mayo, el Gobierno de la Nación delegó en los gobernadores de Provincias la facultad de ir permitiendo actividades económicas hasta ese entonces vedadas (el Decreto 297/20 había establecido como regla que todos debían cumplir con el aislamiento y prohibición de circular, estableciendo algunas excepciones consideradas “actividades y servicios esenciales”, las cuales podían seguir funcionando aunque, por supuesto, cumpliendo los protocolos específicos establecidos por motivos sanitarios), lo cual fue produciéndose aunque hoy en día persistan innumerables actividades que permanecen sin ser permitidas, o, aún funcionando, con su facturación habitual gravemente mermada.
Por supuesto, las consecuencias económicas de más de dos meses de “parate” de la actividad ya resuenan fuerte: todos los días forma parte de la agenda pública y de las conversaciones de gran parte de los ciudadanos la cuestión laboral (reducción de salarios, posibilidades de despidos, interrupciones de contratos), la situación de las empresas, la caída de recaudación de los Estados, etcétera.
También paradójicamente la salud de los vecinos y vecinas empieza a ser un argumento que se esgrime para cuestionar las sucesivas prórrogas: sumándose a las problemáticas estructurales “de arrastre” que exceden al coronavirus (indigencia y pobreza, hambre, déficit habitacional, imposibilidad de acceso a derechos esenciales por amplios sectores de la población), ahora se suman sectores (no exclusivamente de clase media) que imposibilitados de hacer actividad física por fuera de su hogar, de disfrutar del aire libre y el sol, de interactuar con otros y otras, padeciendo altos niveles de ansiedad producidos por el aislamiento, también empiezan a plantearse si su salud está siendo protegida o deteriorada.
Mientras tanto, la propagación del virus parece haberse focalizado en el AMBA (CABA y provincia de Buenos Aires), lo que explica -aunque no justifica- una marcada centralización del discurso público nacional en ese territorio (basta ver que en prácticamente todos los últimos anuncios que hizo Alberto Fernández, estuvo acompañado por Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta).
En la provincia de Santa Fe, mientras tanto, parece reinar el desquicio. El día 13 de mayo el gobernador Perotti firmó el Decreto 420/20 por el cual le expresaba a los Intendentes y Presidentes Comunales de todo el territorio santafesino que, si no seguían a rajatablas la decisión del Gobierno de Santa Fe de no hacer lugar a las salidas recreativas (adoptando un criterio restrictivo), no iba a remitirles fondos del Programa de Atención de Gobiernos Locales establecido por la ley provincial 13.978 que declaró la emergencia por el COVID-19. Unos días después las autorizó para todas las ciudades y comunas de menos de 500.000 habitantes, y mediante Decreto 438/20, finalmente, las autorizó también para las ciudades de Rosario y Santa Fe. En todos estos casos, las particularidades de las mismas se establecen, por delegación, por los Intendentes y Presidentes Comunales. Al mismo tiempo, pese a la sorpresa que nos generó a todos la Secretaria de Salud de la Provincia declarándole a los medios de comunicación el día 18 de mayo que “todos los que vengan de otra provincia deben estar aislados 14 días” (lo que no se entendía si era una medida efectivamente adoptada o, como sospechábamos y terminamos corroborando, una mera expresión de deseo por parte de una funcionaria bastante irresponsable a la hora de decidir verbalizar pensamientos), parecería que el establecimiento del ASPO y las prohibiciones de circular persisten con la misma dinámica de siempre, aunque la situación provincial difiera mucho de aquella que justificó inicialmente el establecimiento de la cuarentena obligatoria. Rosario había pasado más de 20 días sin nuevos casos, hasta la aparición de uno nuevo (que posteriormente derivó en más) que terminó individualizándose en un viajante que por motivos de su trabajo había viajado a Buenos Aires.
Justamente ese “piloto automático” de seguir haciendo lo que se venía haciendo es lo que cuestiona las decisiones y el modo de actuar en Santa Fe: en lugar de poner más énfasis en registrar (detectar) a todas las personas que por motivos de su actividad profesional, empresarial o laboral deben viajar a AMBA y otros focos de contagio a nivel país, establecer protocolos específicos para todos ellos que eviten la propagación del virus en caso de que se contagien, controlar (que no es lo mismo que prohibir) los ingresos a la provincia, etcétera; aquí seguimos como si nada hubiese pasado en todo este tiempo, salvo las medidas que describí antes. Y mientras le decimos a la gente que se quede en su casa después de más de dos meses de encierro, nos encontramos con nuevos casos no casualmente contagiados en Buenos Aires y detectados tardíamente por no haber establecido y llevado a cabo nuevas medidas (las registraciones, controles y protocolos que mencioné) en este nuevo cuadro de situación.
En mi ciudad de Villa Constitución, por ejemplo, hace más de un mes que no se detectan nuevos casos, y por definición del Intendente y el Comité de Crisis que se conformó a nivel local para abordar al COVID-19, todas las actividades comerciales permitidas conviven con las bancarias, administrativas, y demás, en horarios que pueden extenderse sólo hasta las 16:00hs. Después de ese horario está prohibido, por disposición municipal que contraría el marco general dispuesto por el Gobierno de Santa Fe, efectuar casi todas esas actividades (salvo los rubros gastronomía, cadetería, y otros contados con los dedos de la mano), circular, y también efectuar salidas recreativas, siendo pasibles de sanciones quienes incumplan con estas disposiciones.
En los horarios permitidos conviven todas las poblaciones: las que son y las que no son de riesgo. Luego de las 16:00hs., las calles y veredas se vacían casi completamente, salvo los móviles de policía, cadetes, y algún que otro auto que circula por ahí. Los controles de ingreso a la ciudad, si bien se expresa por parte de las autoridades que se están realizando, parecen estar bastante laxos.
Y el último llamado de atención que paró las antenas de todos tuvo que ver justamente con el caso del viajante rosarino ya mencionado que, sin saber que estaba infectado de COVID-19, pasó por nuestra ciudad y estuvo en un supermercado haciendo entregas (lo que es totalmente entendible en el marco de su trabajo; el problema no es el viajante que es un ciudadano y un trabajador, sino el marco de medidas adoptadas -o, mejor dicho, no adoptadas- por los gobiernos provincial y municipal que le permitieron viajar a Buenos Aires sin siquiera haberse tomado constancia de eso, lo que imposibilitó establecer e implementar protocolos específicos para actividades como la suya). Afortunadamente los dos empleados del supermercado que trataron con él fueron sometidos a tests de diagnóstico, y el resultado fue negativo.
Sabemos que la aparición de nuevos casos puede implicar una nueva propagación del virus, lo que implicaría de alguna manera volver a foja cero en toda esta situación. Como aspecto positivo el sistema de salud aún permanece con una demanda baja, pero también podemos darnos cuenta que llegaron los días de frío y eso obliga a tomar mayores recaudos para no exponer a los ciudadanos a posibles contagios y efectos más severos ante los mismos.
Todas estas ideas sueltas están dando vueltas en mi cabeza y tuve que sentarme a escribirlas para ver si podía ordenarlas un poco. Espero que puedan servir, cuanto menos, para eso.
#
Francisco Bracalenti. Abogado de Villa Constitución, Santa Fe.
