A 48 años del golpe de Estado que dio origen a la última dictadura en el país. Durante la jornada, numerosas organizaciones políticas, sociales y defensoras de los derechos humanos se movilizarán en todo el país y realizarán distintos actos bajo la consigna “Nunca Más” y el pedido de memoria contra los crímenes de lesa humanidad.,
Memoria, Verdad y Justicia es la consigna con la que cada año, desde el 2002, el 24 de marzo se conmemora el aniversario del golpe cívico militar que derrocó el gobierno de María Estela Martínez de Perón y dio lugar a una dictadura que se extendió desde 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983.
Este feriado nacional inamovible tiene como objeto recordar a las víctimas y llamar a la conciencia y meditar sobre los efectos que ocasionó el terrorismo de Estado durante una de las etapas más oscuras de la historia argentina.
La fecha fue establecida en el año 2002 por la Ley Nacional N° 25.633, cuyo artículo 1º establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976”.
“Nunca Más”
Durante la jornada, numerosas organizaciones políticas, sociales y defensoras de los derechos humanos se movilizarán en todo el país y realizarán distintos actos bajo la consigna “Nunca Más” y el pedido de memoria contra los crímenes de lesa humanidad llevados a cabo por el último proceso militar en el país.
La dictadura militar iniciada en 1976 se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín fue elegido presidente y volvió la democracia.
El 24 de marzo de 1976 es la fecha en la que asumió el gobierno de facto, encabezado por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti y, aunque existen testimonios de torturas y detenciones previas, como ocurrió en Villa Constitución a partir del operativo Serpiente Roja del Paraná (20 de marzo de 1975), ese es el día que se toma oficialmente como fecha inicial del período de terrorismo de Estado.
El golpe militar derrocó a todas las autoridades constitucionales, nacionales y provinciales, e impuso una Junta Militar integrada por los tres comandantes de las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada), que dictó varias normas de jerarquía supraconstitucional y nombró a un funcionario militar con la suma de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de la Nación y las provincias, que recibió el título de “Presidente”, y cinco funcionarios civiles que ocuparon la Corte Suprema.
Los objetivos del denominado en ese entonces “Proceso de Reorganización Nacional” fueron “combatir la corrupción, la demagogia y la subversión”, y ubicar a la Argentina en el “mundo occidental y cristiano”.
La primera Junta Militar se compuso por los comandantes golpistas Jorge Rafael Videla, por el Ejército; Emilio Eduardo Massera, por la Armada, y Orlando Ramón Agosti, por la Fuerza Aérea.
En el transcurso de la dictadura, los integrantes de la Junta Militar fueron reemplazados. En el cargo correspondiente al Ejército, Videla fue reemplazado por Roberto Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Cristino Nicolaides. Mientras que en el cargo de la Marina, Massera fue reemplazado por Armando Lambruschini, Jorge Isaac Anaya y Rubén Oscar Franco. Por su parte, en el cargo correspondiente a la Fuerza Aérea, Agosti fue sucedido por Omar Domingo Rubens Graffigna, Basilio Lami Dozo y Augusto Hughes.
Las Juntas designaron con título de “Presidente”, cargo que concentraba los poderes ejecutivos y legislativos nacional y provinciales, a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Antonio Bignone, todos ellos pertenecientes al Ejército, pese a que el Estatuto había decretado que el presidente no debía pertenecer a las Juntas.
La dictadura ejecutó un plan solapado de anticomunismo para establecer una política económica neoliberal. Y para ello apresó a estudiantes, trabajadores, sindicalistas, docentes y militantes políticos que aún hoy integran las listas de desaparecidos.
Además, entre ellos, se encuentra un número de niños que se estiman entre 250 y 500, los cuales fueron adoptados ilegalmente luego de que nacieran en los centros clandestinos de detención.
Cada 24 de marzo se levanta la bandera de “Nunca más”, como un claro mensaje ante los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Además, se revalidan los testimonios y datos que fueron recabados por la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), el organismo que plasmó, en un libro titulado de esa misma manera, toda la información de las víctimas y los sobrevivientes que estuvieron en los diferentes centros clandestinos de detención.
