Diputados dio sanción definitiva al juicio por jurados: de qué se trata

La Provincia

La Cámara de Diputados santafesina dio sanción definitiva al proyecto impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro para instaurar el juicio por jurados en determinados juicios de nuestra provincia.

Es una iniciativa largamente trabajada y varias veces tratada y caída. Por tal motivo, fue una de las iniciativas impulsadas por Pullaro en su paquete de leyes enviadas para Extraordinarias.

En síntesis, el proyecto del Ejecutivo establece que el jurado está compuesto de seis hombres y seis mujeres de la comunidad, que rinden su veredicto unánime sobre la culpabilidad o no de los acusados en relación al hecho o los hechos y al delito o grado del mismo por el cual éste debe responder.

Se utilizará en el caso de todos los delitos graves, aún en grado de tentativa, que hayan tenido como resultado la muerte, las torturas, vejaciones, apremios ilegales ejercidos por funcionarios públicos y los abusos sexuales agravados y lesiones graves.

El modelo de jurado será el clásico: doce jurados con paridad de género dirigidos por un juez, para todos los delitos graves, con un voir dire, instrucciones de derecho, veredicto unánime e inapelable en caso de absolución y un nuevo juicio más en caso de estancamiento.

Al justificar su voto, el diputado Ariel Bermúdez remarcó la actitud del Senado al haber “aprobado y dado modificaciones”. “Por fin vamos a tener una ley para que el pueblo santafesino pueda participar”, celebró.

En tanto, el legislador peronista Marcos Corach remarcó que su espacio solicitó “la abstención del artículo 2, inciso 4 porque no entendemos su espíritu”. “Quiero que quede constancia de que mantenemos la misma postura”, remarcó.

Una prioridad

El proyecto de Juicio por Jurados es una de las leyes que fue enviada desde el Ejecutivo como paquete normativo prioritario, en una primera etapa, con el objetivo de contar con herramientas legislativas necesarias para impulsar las políticas públicas en materia de seguridad y justicia por parte del gobierno de Pullaro, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad que conduce el ministro Pablo Cococcioni.

La incorporación en la provincia del Juicio por Jurados era una deuda pendiente del sistema de justicia, que ahora podrá contar con la ley que reglamentará el artículo 44 del Código Procesal Penal de Santa Fe. Además, la iniciativa aprobada cumple con el mandato constitucional que dispone que los juicios criminales finalicen por jurado. 

En este sentido se ha diseñado un juicio por jurado popular, con 12 jurados titulares y 2 suplentes, para el juzgamiento obligatorio de delitos graves como homicidios, abuso sexual seguido de muerte, y también para que la sociedad juzgue el accionar policial y penitenciario en casos de enfrentamiento.

Santiago Mascheroni, secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, destacó que la Constitución de 1853 ya previó el Juicio por Jurados, y luego se fueron implementando en las provincias. “En Santa Fe hubo intentos legislativos que tuvieron media sanción en Diputados y no prosperaron en el Senado. Felizmente esta iniciativa del Poder Ejecutivo se transformó en una norma concreta”, resaltó.

Mascheroni consideró que, por sus características, esta ley va a requerir una reglamentación muy particular, en la que se debe ir avanzando paulatinamente. “A modo de ejemplo se debe conformar un padrón, porque es una carga pública, y se va a tomar el padrón general, para luego sortear, uno de cada 1.000 empadronados, lo que va a dar aproximadamente un universo de entre 2.000 y 2.500 ciudadanos y ciudadanas que pueden formar parte de un jurado”, explicó.

Además subrayó la gradualidad en la implementación de ciertos aspectos instrumentales de la ley. “Cuando la infraestructura lo permita se irán incrementando las causas en las que pueda actuar un jurado”. 

Quienes tengan entre 18 y 75 años podrán ser requeridos para formar el jurado. Para las personas de más de 70 años es opcional. No podrán integrar jurados abogados, profesionales del derecho, ni quienes trabajan en la administración pública en áreas de justicia. También quedan exentos policías, y personas que hayan recibido alguna condena.